En días recientes (22/08/24), cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), produjo su sentencia final sobre el Recurso Contencioso introducido por el presidente de la república en ejercicio (y reelecto para un nuevo período 2025-2031) Nicolás Maduro Moros, es procedente realizar alguna reseña de este última etapa y de tan significativo dictamen para nuestra vida republicana en la presente coyuntura. Asumo así, esta séptima entrega sobre el crucial tema de las elecciones presidenciales en Venezuela 2024, que he venido desarrollando desde finales del mes de marzo, días posteriores a su convocatoria formal, por parte del poder electoral como instancia autorizada para tal fin y su instrumento legal, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la pasada entrega (02/08), se han dado importantes acontecimientos.
Más que conocido es como la oposición extremista en Venezuela, encarnada formalmente en su disminuido candidato presidencial Edmundo González Urrutia, decidió realizar lo que ya habían anunciado, en este caso no solo “cantar” fraude, sino sabotear el proceso electoral a través de todo un andamiaje de ataque cibernético desde el exterior, que pretendió principalmente “anular” al CNE en su función protagónica y responsable de contabilizar, transmitir y dar los resultados electorales, siempre en principio basado en el sistema automatizado que lo sustenta y que ha permitido el robustecimiento de este proceso, ampliamente reconocido. Según lo establecido hasta ahora fue una bestial acción terrorista planificada por sectores adversos al Gobierno Bolivariano, que incluyeron desde multimillonarios dueños de redes sociales, hasta distintos actores contratados para tal fin. Fue una especie de “todos” contra Venezuela Bolivariana. Fue intervenida, saboteada, “hackeada”, buena parte de la plataforma del gobierno e instituciones del Estado venezolano, pero en especial al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La tarea fue impedir que el CNE diera resultados electorales esa misma noche del 28 de julio, como se estila, y en contraposición, contrataron un portal web el día anterior a las elecciones, donde “montaron” un número de actas electorales, que resultaron en su mayoría forjadas, donde se daba el triunfo al candidato opositor. Nunca los resultados electorales en Venezuela se han dado en primera instancia en base a lectura de actas, sino en las totalizaciones que arrojan cada máquina y centro electoral, que se haya escrutado y siempre con un porcentaje significativo, que permita establecer que el resultado es ya irreversible, es decir que la tendencia ganadora hacia un candidato es ya decisiva. El CNE debe publicar 30 días después en su Gaceta oficial el resultado definitivo, los resultados por entidad y municipio, junto a los correspondientes soportes o actas. Cada candidato y sus partidos políticos tienen el derecho a impugnar si considera que ha existido alguna irregularidad en el proceso que le haya afectado.
La oposición extremista, representada en la llamada “Plataforma Unitaria” (PU), bastante desunida por cierto, su candidato González Urrutia, los dirigentes de los partidos postulantes “Un Nuevo Tiempo” (UNT), Mesa de la Unidad “Democrática” (MUD) y “Movimiento por Venezuela” (MPV) y su principal operadora (y jefa absoluta) la ultraderechista María Machado, han cometido este nuevo delito electoral, no solo de desconocimiento de los resultados, ya tradicional en ellos, sino de este ataque mediático bestial, todo con la complicidad, el aval y el financiamiento de los EEUU. Luego que lanzaron su “pote de humo” de las actas forjadas en redes sociales (luego borradas) para desconocer el CNE e imponer sobre todo internacionalmente, su ficticio triunfo electoral, señala la señora Machado desde su escondite, una expresión grosera contra el TSJ, que no evidencia sino su derrota política en todo este complot, que representa incluso un irrespeto para quienes votaron por ellos, por la razón que sea, ya que nunca tuvieron un objetivo democrático como tal, sino golpista como siempre.
A este delito mayor del saboteo electoral e intento de golpe de Estado, como lo calificó el presidente Nicolás Maduro Moros, se unió la violencia irracional y criminal, principalmente los días 29 y 30/07, donde utilizando bandas criminales contratadas y variedad de mercenarios violentos, entrenados desde dentro y fuera del país, sembraron el terror en distintos sectores populares de ciudades principales del país. Hay una investigación igualmente asumida por la Fiscalía General de la Nación, con más de dos mil detenidos, la mayoría, convictos y confesos, que grabaron todas sus fechorías, y representaron los tan difundidos “comanditos” propagandizados por la señora Machado, supuestamente con fines electorales. El saldo de 27 asesinados, que incluye civiles y militares, un número sustantivo de heridos, además de daños a distintas sedes de la administración pública, escuelas, universidades, hospitales y otros, representan solo una muestra de lo que la acción fascista e irracional puede causar en un país, donde más allá de las diferencias política, la gente en su gran mayoría, quiere vivir en paz.
Internacionalmente este dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano debe ser la ratificación de la verdad de Venezuela, nuestra verdad, se reconozca o no, sobre todo por quienes desde Estados Unidos y la Unión Europea han instaurado la narrativa de la “dictadura” y la descalificación hacia nuestro país en forma cotidiana y grosera. En la región latinoamericana debe terminar de convencer a quienes han dudado de nuestro proceso electoral, aun desde posiciones de supuesto “progresismo”. Indudablemente que esta lucha no culmina acá y Venezuela deberá seguir adelante en su proyecto propio de instaurar un modelo de democracia real, con participación plena del pueblo y sobre todo, sin ataduras imperiales.
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Un aspecto crucial planteado desde la Asamblea Nacional (AN), luego de la sentencia del TSJ, es lo referido a la revisión de la Ley de Partidos Políticos en Venezuela. No se puede seguir permitiendo que determinados sectores opositores extremos, como la llamada “PU”, puedan seguir en ese “doble juego” de pretender una participación democrática, pero a la vez manteniendo una línea clara de golpismo y terrorismo, que violenta toda legalidad posible y necesaria en una democracia verdadera. Los sectores extremistas, muchos afectos indudablemente al fascismo o neofascismo, pretenden seguir simplemente “utilizando” todo resquicio legal para sus planes desestabilizadores, tal como fue el más reciente y el ensayo terrible de la Asamblea Nacional de 2015-2020. De cara a al año electoral 2025, donde debe convocarse a elecciones de gobernadores, alcaldes y parlamentos regionales, deben ser establecidas “reglas de juego claras”, donde cada sector, por muy opositor que sea, respete las instituciones nacionales y nuestra Constitución Nacional. QUE LOS SECTORES EXTREMISTAS SEAN DERROTADOS. QUE LA CONVIVENCIA, LA GOBERNANZA Y LA PAZ SEA CON TODOS NOSOTROS!
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José David Capielo Valles es ingeniero agrónomo y magíster en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Campus Maracay. Nacido en Coro, estado Falcón, en 1949. Es docente jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Canoabo (2016). Es locutor, comunicador alternativo y colaborador de Ciudad Valencia desde 2014.
La Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG) publicó digitalmente, en noviembre de 2023, su libro “Del Medanal Venimos. Un ensayo autobiográfico reflexivo”.
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