La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, dio ayer por muerto el polémico proyecto de ley de extradición, el cual chocó con la fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad hongkonesa durante el último mes.
En sus declaraciones más conciliadoras desde el inicio de las manifestaciones, hace un mes, la jefa del Gobierno admitió que los intentos de su Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley resultaron ser «un fracaso total».
Sin embargo, un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley prometió que habrá nuevas protestas y rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo.
«Si Carrie Lam y su Gobierno siguen sin escuchar nuestras cinco reivindicaciones, el Foro Civil por los Derechos Humanos seguirá celebrando protestas y asambleas», dijo a la prensa su portavoz Bonnie Leung.
Lam no dejó claro si el proyecto de ley se retira de forma efectiva, tal y como demandan los opositores, pero dejó entrever que el Legislativo no tiene la intención de seguir con su tramitación.
Investigarán las acciones policíacas durante las protestas
Por otra parte, Lam anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía durante las protestas que azotaron la ciudad durante el último mes.
Además, la jefa del Ejecutivo local aseguró que establecerán una plataforma para el diálogo con los opositores a la ley.
«Publicaré el resultado de este informe para que todo el mundo sepa qué pasó durante el último mes. La gente que participó, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido», señaló.
La jefa del Ejecutivo hongkonés asumió «plena responsabilidad» por la crisis pero no atendió a uno de los principales reclamos de los manifestantes estos días, su dimisión, y pidió «una oportunidad, el tiempo y el espacio» para devolver Hong Kong a la normalidad.
Proyecto de Ley de Extradición fue el detonante de las protestas
La ex-colonia británica lleva semanas sumida en su peor crisis de la historia reciente, con unas masivas manifestaciones que en algunos casos derivaron en violentos enfrentamientos entre policías y una minoría de manifestantes más radical.
Las protestas las desencadenó un proyecto de ley, suspendido, que habría permitido las extradiciones a la China continental de opositores a Pekín.
Sin embargo, se transformó en un movimiento más amplio para reclamar reformas democráticas y el fin de la erosión de las libertades en este territorio semi-autónomo.
Esta crisis, durante la cual la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma y los manifestantes arrasaron el Parlamento local, es el reto más grave al que se enfrentan las autoridades de Pekín desde 1997, cuando la ciudad volvió a estar bajo su control.
Lam, favorable al poder en Pekín, estuvo prácticamente desaparecida en las últimas semanas.
Pero este martes reapareció e insistió en su posición de que el proyecto de ley no volverá a presentarse ante el Consejo Legislativo, el Parlamento local. «No existe tal plan. El proyecto de ley está muerto», aseguró.
Ciudad VLC / Actualidad DW
