En el Complejo Editorial Batalla de Carabobo (Cebac), casa matriz del Diario Ciudad Valencia, se desarrolló recientemente un conversatorio sobre medidas coercitivas unilaterales, Derechos Humanos y geopolítica inherente al tema de la Guayana Esequiba.
En dicho foro participó María Eugenia Russian, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), fundación con una trayectoria de 45 años en Venezuela en pro de los Derechos Humanos (DDHH), fundada por el sacerdote Juan Vives Suriá en 1978 y la cual goza de estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Niños fallecidos por falta de trasplantes
En su intervención, Russian destacó que las sanciones coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela afectan particularmente, en cuanto al derecho a la salud se refiere, a niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad.
En este sentido, destacó que al serle confiscada a PDVSA su filial CITGO en EEUU, dejaron de destinarse parte de las ganancias que, desde 2008, se habían dado a la población venezolana más vulnerable con programas sociales que habían permitido atender a más de 500 pacientes, quienes pudieron salir del país a fin de recibir trasplantes compatibles, ya que en Venezuela no se cuenta con banco de órganos.
Destacó a este respecto que en el estado Carabobo solo pueden recibir trasplantes de médula ósea los que son compatibles, por lo que al haber sido confiscada CITGO en 2019, todas estas ayudas fueron eliminadas causando la muerte de varios niños que esperaban por un trasplante.
Ante esta situación, Russian destacó: “El Estado venezolano ha hecho convenio con otros países como Turquía, y 14 jóvenes recibirán su trasplante. Por otro lado, el Hospital Pediátrico del Vaticano, El Niño Jesús, se llevó a cinco niños, quienes recibirán su trasplante”, enfatizo Russian.
Distintas sanciones económicas que redujeron en ingreso fiscal
Por su parte, Elizabeth Santos, presidenta de la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda (Fundavivienda), destacó que estas medidas coercitivas están asociadas a la reducción de ingresos fiscales, y que la orden 13.808, por ejemplo, establece la pérdida del crédito para Venezuela, ocasionando incapacidad en la industria venezolana para costear labores de mantenimiento y operaciones; esta orden ejecutiva ocasionó una perdida 8.4 mil millones de dólares por ingresos petroleros.
En 2019, la orden 13.827 prohibió todas las transacciones de la moneda digital con el fin de cancelar nuestra Criptomoneda, y la orden 13.850 impidió operaciones en el sector oro de la economía venezolana.
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Con respecto al tema de la vivienda, destacó que, entre los años 1999 y 2023, se han construido en Venezuela un total de 5.193.196 casas: “El sueño Dorado de nuestro comandante”, aclarando asimismo que aunque estas sanciones coercitivas unilaterales paralizaron la compra de insumos para la construcción, las mismas no afectaron tanto gracias a convenios firmados entre Venezuela y naciones aliadas como Rusia y China.
Defensa de la Guayana Esequiba nos compete a todos
En cuanto al tema geopolítico, el profesor José Ramón Rodríguez, jefe de Formación y Capacitación del Complejo Editorial Batalla de Carabobo (Cebac), recalcó que es necesario dar a conocer a todos los estudiantes, ciudadanos y pueblo en general el significado de toda esta lucha por Nuestra Guayana Esequiba, la trascendencia del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, que no podemos ceder a potencias extranjeras nuestro espacio territorial que es patrimonio de todos los venezolanos.
Damarylis Alemán y Miroslava Gómez / Departamento de Formación y Capacitación Cebac
