Hace 20 años el país recuerda el segundo día tras el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno constitucional de Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002, así como la instauración de un gobierno de facto.

En medio de este escenario, se produjo entonces la detención ilegal del líder de la Revolución Bolivariana y autoridades castrenses y policiales plegadas a la acción inconstitucional auparon la persecución de funcionarios de Estado y la extrema derecha desató acciones de violencia.

 

En cadena nacional improvisada, el empresario Pedro Carmona Estanga se auto juramentó como el supuesto «presidente de la República», además fueron disueltos arbitrariamente poderes del Estado, entre ellos la Asamblea Nacional, acción ilegal que fue apoyada por corporaciones mediáticas, grupos empresariales y demás élites militares y civiles e incluso algunos factores de la iglesia católica.

«La derecha fascista, apoyada por los gobiernos de #EEUU y España, arremetieron contra nuestra democracia el #11Abr de 2002. Ese día empresas de comunicación y agentes imperiales desataron la violencia contra nuestro pueblo. Hoy en unión cívico militar preservamos la paz de la Patria», rememoró la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por medio del Twitter.

 

 

Venezuela no olvida ese gobierno de facto de Carmona

Las maniobras golpistas fueron promovidas por la oligarquía nacional y la iglesia católica, con la participación cómplice de las grandes transnacionales de la información y el apoyo de dos potencias extranjeras: Estados Unidos y España, refirió el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

«La participación de las élites y la represión son principios esenciales de un golpe fascista», puntualizó Saab, quien hace 20 años fue una de las autoridades de Estado arbitrariamente apresadas por los golpistas.

 

La acción inconstitucional fue antecedida por una serie de maniobras desestabilizadoras como un llamado a paro nacional, el 9 de abril de 2002, por parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) —dirigida por Acción Democrática (AD)— y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), con el propósito de derrocar el gobierno constitucional de Chávez.

 

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Ciudad Valencia / AVN