El gobierno de Gustavo Petro ha vivido un primer año lleno de altibajos y sacudidas inesperadas. Las turbulencias y los cambios en su gabinete y círculo cercano han sido interpretados por el presidente como «golpe blando». Sin embargo, ha reconocido también la existencia de errores, tanto en su entorno político como en su ámbito familiar, lo que ha generado interrogantes acerca de la fortaleza de su mandato.

Un trabajo publicado en RT en Español destaca los obstáculos y desafíos que ha enfrentado Petro y cómo ha tenido que ajustar su rumbo.

En primer lugar, hay que mencionar la fractura en la coalición con los partidos tradicionales en el Congreso, lo que ha dificultado la unidad que buscaba desde el primer momento. Además, ha enfrentado la oposición constante de los medios de comunicación y ha tenido disputas con el titular del Ministerio Público. También se ha visto afectado por los escándalos que involucran a su familia, como la detención de su hijo por acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La oposición ha anunciado movilizaciones para exigir su renuncia, mientras que él y sus seguidores consideran que es un juicio político sin pruebas con el objetivo de derrocar su gobierno. Se espera que la Fiscalía pueda demostrar la veracidad o falsedad de los argumentos en su contra.

En segundo lugar, destaca el proyecto de ley presentado por Petro llamado «paz total», el cual busca establecer un marco para el diálogo con los grupos armados que se mantienen activos. Este se ha topado con objeciones por parte de la oposición, la Fiscalía y la Procuraduría, especialmente en lo que se refiere a la «humanización penitenciaria» y los beneficios otorgados a aquellos que colaboren con la justicia. La Corte Constitucional anunció que discutiría la ley de «paz total», lo que podría invalidar los fundamentos de la política promovida por Petro.

De ahí partió la iniciativa de una nueva etapa de acercamiento entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un cese al fuego temporal acordado. El alto al fuego bilateral, nacional y temporal declarado por Petro después de dos ataques del ELN arrancó el pasado 3 de agosto, con el objetivo de concluir definitivamente la guerra en mayo de 2025. Los gobiernos de Venezuela, México y Cuba jugaron papeles importantes como garantes en la consecución de este propósito.

El presidente Gustavo Petro junto al comandante del ELN, Antonio García, a su lado derecho. En el centro se encuentra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (Foto: Getty Images)

Las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP, o disidencias FARC), la facción que no se adhirió al Acuerdo de Paz de 2016, han transcurrido con algunos inconvenientes, como la suspensión temporal del cese al fuego en mayo pasado. Sin embargo, se han logrado acuerdos preliminares para proteger la vida y las libertades. El gobierno sigue comprometido con el diálogo y se espera que se avance en el desarme del grupo disidente.

Por último, Petro se propuso en su primer trimestre en el cargo implementar una reforma tributaria que permitiera recaudar fondos para atender los sectores más vulnerables y promover la educación y la industrialización en las zonas rurales del país. Logró el apoyo de varios partidos políticos en el Parlamento y la reforma fue aprobada. No obstante, las nuevas propuestas de reforma laboral y de salud generaron controversia, al punto que algunas de esas adhesiones se deshicieron.

La reforma de salud busca garantizar el acceso universal a la atención médica, administrada por el Estado, mientras que la reforma laboral busca mejorar las condiciones y garantizar la estabilidad en el empleo. Aunque estas medidas son esenciales en un país con profundas desigualdades, la oposición ha sembrado el temor de que puedan aumentar la desocupación y precarizar el trabajo.

 

SOBRE VENEZUELA

La relación entre Venezuela y Colombia ha estado llena de tensiones en los últimos años, principalmente debido al papel que Estados Unidos le asignó al segundo como un peón geopolítico contra el primero. Sin embargo, la ascensión del presidente Petro a la máxima magistratura ha simbolizado un cambio en la política exterior de Bogotá hacia Caracas, lo que ha implicado una reversión del legado de conflicto y confrontación del uribismo. Así se ha inaugurado una nueva etapa de cooperación binacional basada en el respeto y la diplomacia, que hasta ahora ha tenido importantes resultados en la dinámica comercial.

De acuerdo con información proporcionada por la Cámara Venezolano Colombiana (Cavecol), las exportaciones entre los dos Estados han experimentado un aumento significativo en los últimos meses al alcanzar los 187 millones de dólares hasta marzo de 2023, lo que representa un incremento de 76%.

En cuanto a las exportaciones de Venezuela, se ha registrado un crecimiento de 150%, entre las que destaca el estado Táchira por su actividad con laminados, hierro, carbón mineral y envases de vidrio. Las importaciones desde Colombia incluyen baldosas, insumos médicos y materia prima para la fabricación de calzado.

Otros informes publicados recientemente indican que, durante los primeros cinco meses del año 2023, se registró un aumento de 117% en las exportaciones venezolanas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre los productos más destacados en este intercambio se encuentran los abonos, combustibles y aceites minerales, productos químicos orgánicos, hierro y acero, y aluminio.

El presidente Petro se destacó como impulsor de la Conferencia sobre Venezuela realizada en abril pasado, la cual podría calificarse como un revés en su intención de erigirse como interlocutor en la situación política venezolana. Aunque el tema del levantamiento de las «sanciones» es la demanda principal de Caracas, este fue abordado de manera superficial durante la cumbre. El evento no logró tener el impacto esperado debido a la falta de atención a las demandas planteadas en la convocatoria, especialmente la de Venezuela, sumado a que la Casa Blanca continúa sin mostrar intenciones de cambiar las casi mil medidas coercitivas impuestas al país, lo que hizo que el acto perdiera su importancia.

A pesar de las pretensiones del evento y del enfoque que el presidente Petro dio al bloqueo en su discurso, en el que afirmó que la sociedad venezolana no desea «sanciones» y que América debe ser un espacio de libertad y no de restricciones, esta premisa no fue la principal conclusión reflejada en la declaración final. En cualquier caso, el cambio en la política exterior de Colombia hacia Venezuela ha inaugurado una nueva etapa de cooperación binacional, la cual ha tenido importantes resultados en la dinámica comercial entre ambos países.

Se trata de una relación «natural» debido al nexo fronterizo y la zona geográfica con influencia en la política regional, e incluso internacional. La retoma en la cooperación económica, comercial y financiera es una obligación desde esta perspectiva.

 

BALANCE

El primer año de gobierno de Gustavo Petro ha sido un desafío complicado, marcado por obstáculos políticos previstos y controversias personales que pudieron prevenirse. La fractura en su coalición política, la constante oposición de los tentáculos de la oligarquía y los medios de comunicación, así como los escándalos relacionados con su familia y sus relaciones más estrechas han hecho cuesta arriba su tarea de gobernar y empujar las transformaciones necesarias.

Sin embargo, ha mantenido su compromiso con los procesos de paz muy distante de las administración anterior y con las reformas legales que benefician a los más afectados por el conflicto de larga data en el país, así como con la población más vulnerable socioeconómicamente.

Para superar las amenazas desestabilizadoras de la oposición uribista o no, y continuar con la implementación de una reforma profunda de la institucionalidad colombiana durante el resto de su mandato, es esencial que su gobierno cuente con un plan y alianzas sólidas en aras de consolidar sus objetivos ya conociendo, por experiencia, que para trabajar en la Casa de Nariño debe quemar algunos barcos.

De lo contrario, el «golpe blando» podría alcanzar su cometido, lo que a su vez podría significar una deriva hacia el recrudecimiento del conflicto histórico y social que ha llevado al atolladero a nuestro vecino país durante más de medio siglo.

 

 

Ciudad Valencia / Misión Verdad