La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Países Bajos, reiteró el rechazo de Venezuela a las pretensiones del gobierno de Guyana de ejecutar maniobras contra el referéndum consultivo del 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba, por lo que elevó la exigencia del respeto al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y al principio de no injerencia.

En su ponencia en defensa del Esequibo, Rodríguez afirmó que la solicitud de Guyana es inaudita y no tiene precedentes y asimismo remarcó que nada evitará el referendo previsto para el 3 de diciembre, ya que este proceso consultivo es un ejercicio de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

 

 

Citó que, de acuerdo con la resolución 2.231 de la Asamblea General de la ONU, «todo Estado debe respetar el derecho de libre autodeterminación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales».

Rodríguez subrayó, además, que el Gobierno de Venezuela ha desarrollado una doctrina de no someter a decisiones de terceros el arreglo de controversias de intereses vitales, por lo que ratificó que nada faculta al Estado guyanés a coartar el derecho de los venezolanos a expresarse.

 

En este sentido, subrayó que el artículo 2 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no autoriza a intervenir en los asuntos de los Estados y que la postura histórica de Venezuela ha estado contenida en el reconocimiento y respeto del Acuerdo de Ginebra.

 

Por otra parte, denunció que Guyana siempre ha puesto sus instituciones y territorio al servicio de las potencias que anhelan destruir a la nación, y ha entregado concesiones de petróleo y gas en territorio pendiente por delimitar, sin importarle que está actuando contrario a derecho.

La vicemandataria aseguró que Guyana «pretende transgredir el orden internacional y promover un cambio del sistema político venezolano, con una acción intervencionista y temeraria que procura instrumentalizar la Corte» para aplicar un colonialismo jurídico.

 

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Ciudad Valencia / AVN