Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: El pasado 6 de agosto se conmemoró el Bicentenario de la creación de Bolivia, “la hija predilecta del Libertador”, expresión del propio Bolívar, conmovido por las muestras de afecto que le tributó la población del Alto Perú a su llegada a esa región en 1825. En su creación intervinieron factores de diverso orden: jurídico, económico y político.
También se hicieron presentes, como era natural, diferencias en cuanto a la forma de enfrentar la nueva realidad política surgida tras la liberación de Perú: la de quienes afirmaban que el Alto Perú (Bolivia) debía continuar anexo a uno de los antiguos virreinatos (Perú o Río de la Plata) y la de quienes pensaban que debía producirse su independencia. Tal circunstancia ha alimentado la falsa matriz de un supuesto enfrentamiento entre Bolívar y Sucre, algo que en realidad no pasó de una diferencia de opiniones.
Intereses políticos y económicos
La realidad política y militar de Perú a comienzos de 1825 había cambiado radicalmente. El país que había solicitado en 1823 al general Simón Bolívar, presidente de Colombia, apoyo para lograr la independencia del imperio español, en diciembre de 1824, tras los triunfos de Junín y Ayacucho, había consagrado su liberación. Solo quedaba un pequeño reducto del ejército realista atrincherado en la fortaleza de El Callao, que sería derrotada casi dos años después.
El triunfo patriota en Ayacucho, lejos de consolidar la unidad peruana, sirvió para aflorar diferencias promovidas por las élites de esa nación en atención a sus intereses respecto a la jurisdicción territorial del Alto Perú. Este territorio había pertenecido inicialmente al virreinato de Perú, desde su creación en 1542.
Pero en 1776, por disposición del Rey Carlos III, se creó el virreinato de Río de la Plata, que abarcó los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Perú y Brasil, y norte de Chile; organizados en subdivisiones político-administrativas como intendencias y gobernaciones.
El comienzo del proceso independentista en Buenos Aires, en mayo de 1810, condujo a la destitución del virrey de Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, y su sustitución por la primera Junta de Gobierno. Tal situación hizo el que virrey de Perú, José Fernando de Abascal, dispusiera la reincorporación a ese virreinato de los territorios de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Córdoba del Tucumán, Cochabamba y Salta del Tucumán. Así el Alto Perú pasaba, nuevamente, a jurisdicción de ese virreinato. Este será el fondo de la controversia jurídica planteada en 1825.
A esto se sumaban intereses políticos y económicos. Las riquezas minerales de oro y plata, fundamentalmente de Potosí, además de la potencialidades agrícolas derivadas de sus fértiles suelos y su importantísima capacidad fluvial, hizo que durante la colonia se forjara una dinámica económica que tenía como principal punto de extracción de sus productos los puertos de Río de la Plata.
La élite altoperuana, consolidada la independencia en Ayacucho, veía propicia la ocasión para concretar su vieja aspiración de poder, independizándose tanto de Perú como de Río de la Plata, un proceso que tuvo en el político José Casimiro de Olañeta un actor fundamental que impulsó el deseo separatista de la oligarquía altoperuana.
Un amor desenfrenado de libertad
La liberación del Perú tras la batalla de Ayacucho abría el dilema sobre en cuál jurisdicción permanecería el Alto Perú. En la visión jurídica y política del Libertador, este territorio debía permanecer bajo la jurisdicción del Río de la Plata, en atención a la doctrina de uti possidetis juris, un principio jurídico internacional, reconocido entonces, según el cual las naciones surgidas del proceso de independencia de España conservarían los territorios que poseían al momento de haberla alcanzado.
El respeto al marco jurídico establecido evitaría, en opinión de Bolívar, una confrontación entre Perú y el Río de la Plata por la posesión del Alto Perú y contribuiría a consolidar la independencia alcanzada.
Para Sucre, quien a diferencia del Libertador estaba en el Alto Perú y observaba directamente la fuerza política que tomaba la campaña secesionista, la solución era de carácter político: convocar a la soberanía popular para que, mediante una asamblea de diputados, expresara su opinión respecto al destino de esa región. Así se eligieron diputados por las provincias de La Paz, Charcas, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.
La decisión tomada por Sucre fue inicialmente rechazada por Bolívar, quien además de los criterios mencionados, también señalaba que la solución adoptada por el Mariscal de Ayacucho sobrepasaba sus atribuciones, destinadas a dirigir los ejércitos republicanos para alcanzar de liberación de ese territorio. Una solución política como la establecida requería la aprobación del Libertador en atención a los poderes absolutos que le confirió el Congreso peruano al poco tiempo de su arribo a esa nación.
La diferencia de criterios alcanzó solución con base en la decisión del Congreso de Río de la Plata, que manifestó la falta de interés de esa nación por poseer el territorio altoperuano. El pronunciamiento satisfacía a todas las partes tanto en términos jurídicos como políticos.
Entonces, del seno de la Asamblea de diputados altoperuana, se nombró una comisión para exponer las razones que justificaban su independencia, integrada por José Mariano Serrano, Manuel María Urcullo, José María Mendizábal y Casimiro de Olañeta, quienes redactaron el Acta de Independencia de Bolivia, declarada el 6 de agosto de 1825.
Para fortalecer la decisión que estaban adoptando, la élite altoperuana procuró la protección del Libertador a quien quisieron honrar colocándole su nombre al nuevo Estado: República de Bolívar (nombre rechazado por él porque resultaba políticamente inconveniente) y encargándole la redacción de su Carta Magna.
En el proyecto de Constitución elaborado para ella, el Libertador propuso una síntesis dialéctica de su pensamiento fundamentado en la experiencia de quince años de avatares bélicos y políticos: gobierno fuerte y centralizado, poder legislativo tricameral, igualdad ante la ley, poder electoral, educación moral republicana, libertad de esclavizados, presidencia vitalicia, quizás el aspecto más controvertido, que daba cuenta de su visión y capacidad para adaptar los proyectos políticos a las circunstancias históricas.
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El Bolívar que en Angostura había señalado: La continuidad de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos…[porque] el pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía; seis años después, estaba convencido de que un gobierno fuerte y vitalicio, controlado por mandato de la Constitución y las leyes, era la mejor alternativa para contener y evitar las conspiraciones, subversiones y anarquía que amenazaban la paz y la estabilidad de los gobiernos.
Así nació Bolivia, a quien el propio libertador llamó su “hija predilecta” y de quien, al rechazar el uso de su nombre para nombrar aquella nación, llegó a afirmar: Mi desesperación se aumenta al contemplar la inmensidad de vuestro premio, porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio del más grande de los héroes, todavía sería yo indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, el mío… Si solo Dios tenía potestad para llamar a esta tierra Bolivia. ¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad que al recibirla vuestro arrobo no vio nada que fuera igual a su valor.
Así de grande y sublime fue el hombre que impulsó y sostuvo la independencia del continente suramericano.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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