Amigas y amigos constructores de sueños, forjadores de esperanza: La historia venezolana del siglo XX ha estado determinada por la presencia imponente del petróleo. No hay forma de estudiar, analizar y comprender lo ocurrido a lo largo de esta centuria y lo que va del siglo XXI sin considerar la influencia del llamado Oro Negro en la política, la economía, las relaciones internacionales, las demandas sociales, entre otros muchos aspectos. Por ello resulta tan importante para el estudio de la Venezuela Contemporánea el análisis de la Reforma Petrolera de 1943, pues, a partir de ella, se establecieron un conjunto de ventajas que tuvieron gran significación en el futuro inmediato y sentaron las bases del proceso de estatización de la industria, en 1976.
Otorgadas a discreción:
La explotación petrolera en Venezuela comenzó en Táchira en el último tercio del siglo XIX, luego del terremoto que azotó esa zona del país, dejando entre sus consecuencias, la emanación de un líquido viscoso desconocido para la mayoría de sus habitantes. Se constituyó, entonces, el 12 de octubre de 1878, la Compañía Petrolia del Táchira, en cuya refinería de producían diversos derivados del petróleo, siendo el más importante para entonces la producción de kerosén: ciento sesenta y cinco galones mensuales.
La compañía tuvo como socios a Manuel Antonio Pulido, José Antonio Baldó, Ramón María Maldonado, Carlos González Bona, José Gregorio Villafañe hijo y Pedro Rafael Rincones; quienes se unieron para explotar la concesión otorgada a Pulido por el gobierno del Gran Estado de los Andes. Pero fue en el siglo XX, en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando se develó el potencial petrolífero de nuestro subsuelo, luego de la perforación del pozo Zumaque I, el 31 de julio de 1914.
Tal descubrimiento nos colocó en el centro de la atención mundial haciendo que el resto de las compañías transnacionales comenzaran a hacer lobby para obtener del general Juan Vicente Gómez una concesión petrolera. Gestiones que tuvieron éxito, siendo otorgadas discrecional e irresponsablemente a familiares y amigos, quienes luego las trasferían a las grandes empresas transnacionales. Se fue creando de esta forma un entramado legal en el que no existía uniformidad jurídica respecto de plazos y condiciones para la explotación del anhelado hidrocarburo.
Única e igual para todos:
Sería, nuevamente, en medio de otra contingencia internacional representada esta vez por la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno del general Isaías Medina Angarita daría pasos importantes a los fines de lograr condiciones más justas frente a las cuantiosas ganancias y exageradas ventajas de las compañías petroleras. Con el respaldo de diversos partidos políticos se propuso adelantar una reforma de la ley, aprobada por el Congreso en febrero de 1943, la cual sometía a las compañías petroleras a dos aspectos fundamentales: se establecía una legislación única e igual para todos y se reconocía el imperio de las leyes impositivas venezolanas.
Esto quería decir, por una parte, que se suprimían las distintas ventajas existentes en las diversas concesiones otorgadas durante el gomecismo, homologando, de esta manera, la relación con el Estado; y por la otra, se lograba reconocer el derecho del Estado venezolano a cobrar impuestos sobre las ganancias obtenidas, desplazando el sistema de regalías con el cual las empresas petroleras decían resarcir el beneficio otorgado a través de concesiones, un aspecto que fue facilitado por la creación de la Ley de Impuestos sobre la Renta que obliga a personas naturales y jurídicas a declarar y pagar en relación a los ingresos obtenidos.
También se suprimieron exoneraciones tributarias y se obligaba a las compañías a llevar su contabilidad en el país, a refinar en el territorio y se eliminaba el principio de extraterritorialidad según el cual los campos petroleros funcionaban como verdaderos enclaves en los que no aplicaba ninguna legislación nacional. Aspecto que venía siendo denunciado por los sindicatos controlados por el Partido Comunista de Venezuela, (con el cual el gobierno de Medina Angarita tenía una alianza política a través de Unión Popular Venezolana (UPV); sobre todo en lo referente a la indefensión en que se encontraban los trabajadores respecto de las inhumanas condiciones laborares a las que estaban sometidos y la inaplicabilidad de la legislación venezolana en el ámbito territorial de los campos.
Éstas y otras disposiciones representaron una verdadera evolución respecto de la situación preexistente, logro que fue posible, en gran medida, por el respaldo que obtuvo el Jefe del Estado hacia su política nacionalista, y que encontró un clima favorable en la contingencia internacional que representaba la Segunda Guerra Mundial. Al ser Venezuela un abastecedor de petróleo: seguro, necesario y confiable, resultaba difícil, en esa coyuntura, negarse, totalmente, a las razonables exigencias del gobierno venezolano.
El voto salvado:
Sin embargo, el respaldo político que había logrado el presidente Medina Angarita se vio debilitado por el voto salvado que para la aprobación de la Ley emitió el diputado Juan Pablo Pérez Alfonso en nombre del partido Acción Democrática. Éstos habían acompañado al presidente en varios actos políticos, incluida la imponente manifestación de respaldo a la Ley realizada en la plaza Los Caobos, el 17 de enero de 1943.
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Pero los adecos tomaron distancia frente al proyecto de ley, fundamentalmente, con base en la siguiente consideración: la incorporación de la llamada cláusula “Sanatoria Absoluta”, disposición mediante la cual el Estado renunciaba a establecer cualquier reclamo con base en los injustificados privilegios de que disfrutaron las compañías petroleras, un reclamo que ascendía, según los cálculos realizados por Pérez Alfonso, a unos 1250 millones de dólares e la época.
A esto se sumaba la tesis, según la cual, la participación del Estado podía llegar al 50 por ciento (fifty fifty) de las ganancias obtenidas por las empresas petroleras, una concepción que se aplicaría durante el llamado Trienio Adeco entre los años 1945-1948. A pesar de todos estos aspectos, la Reforma Petrolera de 1943 representó un avance importante y sus efectos aún aguardan por estudios que pongan en evidencias las repercusiones de este importante instrumento legal y sus repercusiones para la política económica, financiera y asistencialista, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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