Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, EEUU, Donald Trump, en las que afirma que los venezolanos debemos “devolver a los EEUU todo el petróleo, las tierras y otros activos que anteriormente nos robaron”, no solo son extravagantes y carentes de veracidad, tanto histórica como jurídica; también evidencian que detrás de la narrativa de criminalización contra los venezolanos y su gobierno se esconde un único propósito: apoderarse de las cuantiosas riquezas naturales que posee esta Tierra de Gracia.
DEL MISMO AUTOR: LA PLANTA INSOLENTE
Los recursos naturales que posee la nación fueron asegurados por el Libertador Simón Bolívar mediante decreto del año 1829, instrumento jurídico que ha sido ratificado por todas las legislaciones y gobiernos desde entonces. Sobre el petróleo y los recursos naturales de Venezuela solo existe la pretensión de robo por parte del gobierno estadounidense.
Decreto invariable
Uno de los aspectos que distinguieron la vida política y militar del Libertador Simón Bolívar fue su capacidad para anticipar procesos que estaban bastante distantes de su tiempo. Esa aguda capacidad política le permitió anticipar contextos que adquirirían relevancia mucho después. Ejemplo de ello es el llamado Decreto de Chuquisaca, del 19 de diciembre de 1825, en el que estableció medidas para la protección de bosques y ríos.
Otro es el decreto del 24 de octubre de 1829, emitido desde Quito, mediante el cual se aseguraba para el Estado el control de los recursos naturales existentes en el territorio, decreto ratificado por el Congreso de Venezuela en 1830 tras la disolución de la unión grancolombiana.
Su propósito era organizar la riqueza pública rescatando la minería del abandono en que la sumergió el proceso bélico independentista. El instrumento legal, que consta de 38 artículos, desde el inicio trazó una pauta que se ha mantenido invariable en el tiempo hasta nuestros días. Señala el artículo uno:
“Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas y con las demás que contiene este decreto”.
Si bien para entonces el petróleo era un recurso natural sin relevancia económica, el instrumento legal sentó las bases para que un siglo después el Estado venezolano pudiera entregar en concesiones los derechos de exploración, refinación y comercialización del llamado “Oro Negro”, aunque en condiciones muy desfavorables al interés nacional, producto de la ignorancia y subestimación de los cambios en la geopolítica y la economía mundial ocurridos a comienzos del siglo XX, así como por la actitud entreguista y proimperialista del general Juan Vicente Gómez.
Fueron los bufetes contratados por las compañías petroleras los que redactaron los términos de los primeros instrumentos legales que normaron la actividad de esas empresas, que a decir de Rodolfo Quintero, operaban como verdaderos enclaves con inmunidad de jurisdicción sobre el territorio de las concesiones, sin pagar impuestos y reservando al Estado el cobro de las llamadas regalías petroleras, un pequeño porcentaje que se pagaba al Estado en compensación por el derecho de explotación del recurso natural.
La influencia y privilegios que tuvieron las empresas petroleras durante el gomecismo fue tan avasallante que hacia 1922 lograron la destitución del ministro Román Cárdenas —arquitecto de la Hacienda Pública Nacional, promotor de instrumentos jurídicos que fortalecían la capacidad impositiva del Estado— porque propuso el aumento de la alícuota de la regalía pagada por las petroleras al Estado venezolano.
Un caso que aún aguarda por estudios más profundos y documentados es la participación —por acción u omisión— del gobierno norteamericano en el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita. La reforma petrolera promulgada por su gobierno, en 1943, introdujo cambios sustantivos en la relación entre el Estado y esas compañías petroleras.
Obligaba a pagar el Impuesto sobre la Renta con base en la ley que lo regula; unificó la legislación petrolera en una sola ley sustituyendo los variados términos y prerrogativas otorgados en las diversas concesiones; y en determinadas circunstancias, elevaba la participación del Estado en el cobro de las regalías hasta el sesenta por ciento. Acción Democrática, durante el trienio 1945-1948, establecería como techo de esa participación cincuenta por ciento, el llamado «fifty fifty».
De forma consensuada
Cuando Donald Trump emite declaraciones como las señaladas, no solo miente descaradamente, también pretende desconocer la soberanía nacional. La llamada nacionalización petrolera, impulsada durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue el negocio redondo para esas empresas, pues el Estado venezolano tuvo que pagar por la medida, innecesariamente, cuantiosos recursos económicos como indemnización.
La ley petrolera de 1943 sentaba las bases para el control por el Estado de los activos de las compañías si no se otorgaban nuevas concesiones. De forma tal que, según lo dispuesto en la legislación vigente entonces, para 1983, año en que vencía el tiempo de las últimas concesiones, toda la infraestructura petrolera pasaría a manos del Estado venezolano sin costo alguno.
El primer gobierno de Pérez realizó entonces una argucia parecida a la perpetrada durante el gobierno de José Gregorio Monagas, en la cual se indemnizó a los propietarios de esclavizados por el bien del que estaban siendo despojados mediante el decreto de abolición de esclavitud. Un verdadero negocio para los propietarios pues se trataba de mano de obra envejecida, con reducida capacidad productiva, que continuó siendo explotada bajo nuevos mecanismos como el peonaje y la ficha.
La Apertura Petrolera, impulsada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, representó un verdadero festín para las empresas del ramo, no solo incursionaban de nuevo de forma directa en la explotación del petróleo, sino que lo hacían en condiciones onerosas para el Estado venezolano: pago de uno por ciento de regalías, entre otras condiciones muy desfavorables.
Pero llegó el Comandante Chávez y mandó a parar. Con base en la Ley de Hidrocarburos de 2002 y en ejercicio de la soberanía nacional, se avanzó en un proceso de revisión de los términos de la Apertura Petrolera.
De forma consensuada con las empresas operativas en la Faja Petrolífera se elevó inicialmente el monto de las regalías a dieseis por ciento y se abrió la puerta para asociaciones estratégicas con participación mixta. Con excepción de ExxonMobil, todas las empresas reconocieron la soberanía y derechos del Estado venezolano sobre el recurso petrolero.
Quien ha robado los activos de Venezuela ha sido Estados Unidos de Norteamérica, permitiendo la venta ilegal de CITGO y apoderándose de los dividendos generados durante seis años, perpetrando acciones de piratería en aguas internacionales contra buques que transportan petróleo venezolano y estimulando acciones similares por parte de otros Estados, como lo hizo Inglaterra apoderándose del oro depositado en esa nación.
La titularidad de derechos sobre los recursos naturales existentes en nuestro subsuelo fue una medida promovida por el Libertador Simón Bolívar que se ha mantenido invariable en el tiempo. Las extravagantes declaraciones y acciones del actual gobierno estadounidense son una agresión contra todos los venezolanos. Defender la soberanía nacional es deber y obligación de todas y todos. ¡Sigamos el ejemplo de José Gregorio Hernández!
En este momento de grandes amenazas, la lealtad a la Patria debe ser inquebrantable. Parafraseando al Libertador decimos: “Vacilar es perdernos”.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
Ciudad Valencia / RN
