Los contratos de la apertura petrolera, especialmente en Venezuela, cambiaron el modelo estatal de monopolio a asociaciones con empresas privadas bajo contratos de servicios o de producción compartida, permitiendo inversión extranjera en exploración y producción. El Estado cedió mayoría accionaria y control, ofreciendo un marco legal que incluía regalías, impuestos y arbitraje internacional para atraer inversión, a cambio de aumentar la producción. Un inmenso sacrificio fiscal, un robo disfrazado de «incentivos» para explotar un recurso natural no renovable.
Se crearon contratos diferentes a los de concesión pura, como los «contratos de servicios» y las «asociaciones estratégicas», pero eran una vulgar e ilegal concesión que violaba la Constitución y las leyes de la época.
Empresas extranjeras participaban en exploración y producción, algo antes limitado solo a contratistas de obras y servicios. Se estaba cediendo soberanía e independencia en el manejo de los hidrocarburos.
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El Estado, a través de PDVSA en Venezuela, mantenía una participación minoritaria (1 y 35%) en las empresas mixtas, sin control de las operaciones. El caso ExxonMobil fue el más grotesco, al controlar toda la faja del Orinoco sin intervención de PDVSA.
Las empresas privadas recibían pagos por servicios o una parte de los beneficios, pero evadían pagar regalías, impuestos (como el PEG en Venezuela) y otros tributos al Estado.
Las controversias se resolvían mediante arbitraje (como el de la Cámara de Comercio de París), en lugar de tribunales nacionales, para mayor seguridad jurídica.
La apertura petrolera fue la entrega total del manejo de nuestro principal recurso a las empresas transnacionales. Esa época no puede volver a Venezuela.
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Ciudad Valencia/RM
