Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas. En julio de 1818 arribó a Venezuela el agente diplomático Juan Bautista Irvine representante del gobierno norteamericano. Su misión, encomendada por el Secretario de Estado John Quincy Adams, tenía tres objetivos fundamentales: manifestar la simpatía de su país hacia las nacientes Repúblicas de América del Sur, protestar por los barcos Tigre y Libertad apresados en el río Orinoco por la armada patriota y, determinar el curso de las relaciones entre ambos gobiernos tras lo ocurrido en la isla de Amelia. Con él, Bolívar tuvo un duro intercambio epistolar para hacer respetar la soberanía venezolana.
“La incomprensión del presente
nace fatalmente de la ignorancia del pasado;
pero sería vano agotarse en comprender el pasado,
sino se sabe nada del presente”
Marc Bloch
Según juzguen las leyes
El avance del proceso independentista en América, sobre todo después de 1815, fue observado con atención e interés por el gobierno norteamericano, quien aspiraba llenar el vacío político y económico que se produciría tras los procesos de emancipación de la monarquía española. La visión colonialista norteamericana siempre estuvo presente en sus gobernantes, que se manejaron con cautela, evitando tomar parte directamente en el conflicto, actuando en función de sus intereses: económicos y geopolíticos.
La llegada del agente norteamericano se produjo en el marco de los preparativos para la convocatoria al Congreso de Angostura que se instalaría en febrero de 1819. Este era un paso fundamental para reconstituir las instituciones disueltas tras el colapso de la Primera República en 1812, legitimar la autoridad del Jefe Supremo, Simón Bolívar y buscar reconocimiento internacional a la gesta emancipadora.
Pese a los tres encargos que tenía el agente diplomático, su actuación se centró en procurar la liberación de las embarcaciones retenidas por la armada patriota, acusadas de suministrar armas y pertrechos a las tropas realistas refugiadas en el castillo de Guayana “La Vieja”. Éstas habían sido contratadas por el gobernador español en Guayana, Lorenzo Fitzgerald, para proveerlos de armas e insumos necesarios para resistir el bloqueo marítimo impuesto por la armada patriota.
Ante esa circunstancia y frente al señalamiento de que se había actuado al margen de la ley, Bolívar dejó claro que el gobierno se condujo conforme a derecho en la captura y retención de las embarcaciones, que los alegatos y reparos presentados por el gobierno norteamericano serían evaluados y respondidos según juzgaban las leyes, puntualizando: “Yo no concibo que puedan alegarse en favor de los dueños del Tigre y Libertad los derechos que el derecho de gentes concede a los verdaderos neutrales. No son neutrales los que prestan armas y municiones de boca y guerra a unas plazas sitiadas y legalmente bloqueadas”.
Los derechos de Venezuela
El Jefe Supremo salía al paso a la actuación injerencista del agente norteamericano que con actitud colonialista pretendía señalar cómo debía juzgarse un asunto judicial-militar interno. La actitud de Irvine estaba muy alejada de las formalidades que impone el mundo diplomático, comportándose como un procónsul que podía establecer la forma de dirimir los asuntos legales del país.
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Aunque uno de los propósitos de Bolívar en el terreno internacional era lograr el reconocimiento del gobierno y apoyo a la gesta emancipadora, tenía claro que no podía ser a costa de quedar bajo la tutela de una potencia emergente como Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, era importante enfatizar la gravedad del delito cometido por las embarcaciones, que introduciendo armas y pertrechos militares ayudaban a los enemigos a hacer la guerra, pasando así, de un estado de neutralidad al de beligerante, tomando partido en favor de los enemigos, acción que constituía una abierta declaratoria de guerra. Aclaraba que cuando esto lo practicaban los gobiernos eran las naciones quienes entraban en guerra, en este caso, tratándose de particulares, solo a ellos competía la responsabilidad.
El agente Irvine interpuso alegatos insostenibles a la luz de los hechos. Afirmaba que las embarcaciones practicaban el libre comercio manteniendo la debida neutralidad; que no estaba clara la situación de bloqueo impuesto a esa zona del territorio; que no se había atendido al debido proceso, pues los acusados no tuvieron intérpretes que les clarificaran de la gravedad de los delitos que se le imputaban, entre otras consideraciones. En el fondo se trataba de alegatos sin fundamentos y subterfugios para intentar hacer valer su actitud injerencista.
Estos alegatos fueron desmentidos por Bolívar invitando a su interlocutor a revisar las actas judiciales en las que constaban las declaraciones y reconocimientos de culpabilidad. Enfatizaba también que, “Podría haber alegado, en apoyo de estas formalidades, el derecho que tiene cada pueblo para decidir sobre el modo con que deben averiguarse los hechos, en que debe fundarse la aplicación de la ley». Y afirmaba que el artículo 12 de las Ordenanzas de Corso preveía la posibilidad de que los juicios de presa se siguieran “sumariamente en el término de veinticuatro horas, o antes si es posible”; pero había preferido no hacer uso de este derecho para dar una “prueba relevante de amor a la causa de la justicia”.
El debate entre Bolívar e Irvine llegaría a un nivel nada diplomático, fundamentalmente, por la intransigencia del agente norteamericano en no reconocer el derecho que tuvo el bando patriota en actuar como lo hizo. En la penúltima carta que Bolívar le dirige, la discusión alcanzó su tono más elevado: “Parece que el intento de V.S es forzarme a que reciproque los insultos: no lo haré; pero sí protesto a V.S que no permitiré que se ultraje ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndola contra la España ha perecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer la misma suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si el mundo entero la ofende”.
Juan Bautista Irvine se marchó de Venezuela a finales de febrero de 1819, sin haber cumplido ninguno de los encargos establecidos por el gobierno norteamericano. Pero la controversia quedó como evidencia del injerencismo y de la firme voluntad del Libertador en hacer respetar la soberanía de la Patria. Doscientos años después continuamos en la misma lucha.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
Ciudad Valencia
