Resulta que, entre gallos y medianoche, el Senado de los EEUU aprobó un proyecto de ley impulsado por el senador Rick Scott que prohíbe a todo ente federal otorgar contratos a empresas que hagan negocios con Venezuela.
Esta ley, que aún debe ser sancionada por la Cámara de Representantes, no es otra cosa que una nueva agresión contra un país que simplemente ha decidido seguir su propio destino, independiente de los dictados de los EEUU, que los ha impuesto históricamente, por supuesto con muy poca oposición por parte de los gobiernos títeres que siempre ha manejado de este lado del hemisferio.
Ahora este proyecto no es nuevo, ya existía desde 2021 cuando el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado lo aprobó.
Por cierto, este nombre es un rebuscado acrónimo de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Ilegítimo Autoritario de Venezuela (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime), que además de ofensivo en su esencia es ofensivo en su nombre.
La ley, en principio, fue presentada en la Cámara de Representantes por Michael Waltz, de Florida, y apoyada por miembros de ambos partidos, entre ellos las nefasta periodista de CNN de origen colombiano María Elvira Salazar, quien soltó esta perla: “Como periodista, pasé décadas cubriendo los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano y está muy claro que el régimen ilegítimo y asesino de Nicolás Maduro está en el negocio del poder. Esta legislación garantiza que ningún dinero de los contribuyentes estadounidenses vaya a ninguna empresa que haga negocios con la empresa criminal de Nicolás Maduro”. La ridícula ésta no recuerda cuando embelesada le aullaba a Chávez pidiéndole una entrevista o una pregunta en las ruedas de prensa que el Comandante daba.
Lo que hay en este proyecto de ley es una retahíla de declaraciones y posiciones simples y fáciles que buscan posicionarse en el lobby anti venezolano y cubano, que maneja millones de dólares utilizando la desgastada tesis de gobiernos comunistas, lo que tiene fácil calado en un grupo radical de votantes que pueden sentirse representados por esta gentuza y que indudablemente reciben dinero de estos contribuyentes de campañas que falsamente son engañados por estos sujetos que no tienen nada que aportar a su sociedad, que realmente es la sociedad de EEUU, que son sus votantes.
Por otro lado, lo grave de esta ley es que prohíbe hacer negocios con empresas estatales venezolanas y, por otro lado, sanciona a aquellas que lo hagan. Eso sí, esta ley no es aplicable a las empresas que ya tengan contrato con entes venezolanos. Es decir, no sanciona a Chevron, por ejemplo, o a cualquier otra como Halliburton que tiene interés también en el sector petrolero venezolano. Las sanciones o prohibiciones son para aquellos medianos y pequeños empresarios que hagan negocio con Venezuela.
Ahora esto tiene un par de consecuencias que quizás no se haya palpado. La primera es obvia, se harán negocios a través de terceros, es decir, los productos o servicio que se requieran se van a seguir recibiendo, pero desde otros proveedores, eso sí encareciendo dichos productos y enriqueciendo a las mismas mafias que ya se han aprovechado de todos los bloqueos contra Venezuela. Probablemente se va a favorecer a los mismos que se pretende sancionar.
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Otro aspecto es que favorece a las empresas ya instaladas y que están haciendo negocios, pues les cierra las puertas a posibles competidores consolidando su posición, por lo que no debe ser difícil calcular que estas empresas apoyen la nueva legislación, ya que antes de sancionar a Venezuela, terminan siendo beneficiadas.
La infame Ley Bolívar no es otra cosa que un negocio de la mafia floridiana que, como siempre, le explotará en la cara, como al coyote.
Fernando Guevara / Ciudad Valencia
