Violencia ácida… Es creciente el número de mujeres que cada año son violentadas por medio del uso de ácidos de potencial letalidad. Según el Observatorio Nacional de violencia de México, país en el que se registra la mayor cifra de víctimas por este delito en el continente, solo el año pasado (2023) se perpetraron 105 ataques, de los cuales únicamente 28 fueron denunciados ante el Ministerio Público.
Tras las acciones impulsadas por las mismas sobrevivientes organizadas se ha podido legislar en torno a esta forma de violencia extrema y cruel que cada día tiene mayor lugar como causal de femicidio o intento del mismo.
Recientemente, el agresor de Carmen Sánchez, sobreviviente y activista mexicana, fue condenado a 46 años y ocho meses de prisión por el intento de femicidio agravado. Una sentencia histórica en toda América Latina por su contundencia, y por ser condenado por tentativa de femicidio y no como un delito de lesiones, como era catalogado generalmente hasta ahora, de acuerdo al antiguo código penal.
Carmen ha necesitado de 65 cirugías para poder llevar una vida más digna y poder luchar contra el rastro que en ella dejó la violencia para siempre, tanto a nivel físico como psicológico. Una década de zozobra y frustración continuas fue el tiempo que le llevó hacer justicia y empujar un activismo en el que no ha descansado, siendo que hoy se dedica a acompañar a las mujeres sobrevivientes, a través de una Fundación y una Ley que lleva su nombre.
Su testimonio es desgarrador, por cuanto, más allá del dolor y la cicatriz, el propósito de esta violencia es dejar a las victimas sin identidad y sin oportunidades para poder desenvolverse. La mayoría de las sobrevivientes quedan condenadas al desprecio, la soledad y el calvario de someterse a múltiples procedimientos dolorosos que no logran situarlas de nuevo a su anterior vida. Algunas de ellas se enfrentan a retos clínicos continuos y comprometedores, al mismo tiempo que impulsan sus causas penales en absoluta convalecencia y desamparo legal.
“Durante diez años mantuve una relación con Efrén, mi expareja, con el que tuve dos hijas. Durante ese tiempo, él fue un hombre muy violento. Claro que yo me di cuenta de esa violencia, pero el miedo por las amenazas me mantenía dentro de esa relación.
Llegué a denunciarlo en tres ocasiones. Pero acudía a las autoridades y solo me daba unos folletos, o una cita de seguimiento en tres meses. En ese tiempo a mí ya me podían seguir amenazando o incluso matar. Cuando lo denunciaba, él se enteraba porque lo llamaban para conciliar. Entonces mi vida se ponía así más en riesgo. En 2013, por ejemplo, intentó asesinarme con un picahielos y me lo enterró dos veces en el estómago, una en el brazo y una en el dedo.
Así, hasta que el 20 de febrero de 2014 intentó asesinarme con ácido. Llegó a la casa de mi madre en Estado de México, en la que yo vivía, luego de huir, creyendo que era un lugar seguro para mis hijas y para mí. Sin embargo, no fue así.
Se presentó allí y me pidió una nueva oportunidad con amenazas. Cuando me negué, agarró el ácido que llevaba con él y me lo arrojó en la cara. Me dijo cosas como: «Si no vas a estar conmigo, jamás volverás a estar con nadie más», «Muérete», «Te lo advertí…». Estas fueron parte de las declaraciones de Carmen al diario BBC, tras la sentencia del tribunal.
La violencia química es realmente aberrante, premeditada y alevosa. Se ejecuta desde la convicción, casi siempre, de que la víctima es un objeto propio y exclusivo y, por lo tanto, busca ser deformada para que su apariencia deje de ser agradable para el resto. Es algo que cambia la vida drásticamente:
“Mi vida se vio trastocada completamente. Todo se volvió citas en el hospital, con la psicóloga, en la Fiscalía, y con asociaciones civiles y colectivas para que informaran sobre mis derechos y comenzara a buscar justicia. Tuve que pasar de víctima a activista, a aprender términos jurídicos que no conocía, a investigadora y a perita para defender mi propio caso porque, si yo no lo hacía, nadie lo haría.
Eso me hizo perder muchísimo tiempo familiar. Con mis hijas dejamos de festejar el Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo… porque todo era estar en el hospital o en recuperación”
Las víctimas refieren que la reincorporación a la sociedad es algo en lo que cuesta trabajar, porque con el rostro se va la identidad: “La primera vez que me vi en el espejo, vi a un monstruo”, expreso Carmen, quien he estado más los hospitales que en su hogar en la última década. El primer año, luego del suceso, fue de reclusión total.
El 27 de marzo de 2014, Jonathan Vega, un hombre obsesionado con la colombiana Natalia Ponce de León se presentó en el edificio en el que ella vivía en Bogotá, se hizo pasar por otra persona para que saliera a saludarlo y le lanzó un litro de ácido sulfúrico con el que le quemó la cara, los brazos, una pierna y medio abdomen.
«¿Dónde estoy? ¿Me morí? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Estoy alucinando?». Muchas preguntas surgieron ese día y ninguna respuesta que ayudara a Natalia a salir de la incertidumbre y a calmar su indescriptible dolor.
«Han pasado 8 años desde que fui atacada y hoy puedo decir que renací porque pasé de ser una víctima a una sobreviviente”.
Natalia ha requerido 38 cirugías para poder recuperar sus funciones, su independencia y una vida que hoy dedica a la fundación que presta apoyo a mujeres que han sido abusadas con químicos. En una conferencia se expresó preocupada por las incipientes herramientas legales con las que hoy cuentan los países de Latinoamérica y el número creciente de hechos asociados a este tipo penal de extrema gravedad: Entre 2004 y 2014 se registraron en Colombia 982 víctimas de ataques con ácido.
Alarmada por estas cifras, que pueden ser incluso más, Natalia decidió emprender la campaña #NoMásMáscaras, cuyo símbolo es la máscara transparente que usó durante su recuperación y el proceso de hacer justicia.
Estas son apenas unas muestras de los 1.500 casos que se presentan en el mundo cada año en promedio según la fundación internacional de sobrevivientes de ataques con ácido ASTI, por sus siglas en inglés.
La mayoría de víctimas sobreviven, pero quedan con cicatrices imborrables y profundas afectaciones psicológicas y fisiológicas. Este tipo de agresión está dirigida principalmente a las mujeres, por lo cual se considera un delito marcado por el género. Aunque no existen registros especializados se cree que el 80% de las víctimas son mujeres y el 30% de ellas son menores de 18 años. También es importante destacar el particular y creciente número de víctimas que son atacadas por personas extrañas, que en el caso de Colombia es alarmante.
Según Naciones Unidas los países con más alto índice de ataques con agentes químicos son Bangladesh, India, Afganistán, Camboya, China, Jamaica, Nepal, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica y Uganda. Además, se sabe de algunos casos en Europa y Norteamérica. Sin embargo, en el Reino Unido, México y Colombia se registran decenas de casos y algunos de los más graves.
Bangladesh con la más alta incidencia en este acto, presenta el 9% del total de las lesiones causadas por quemaduras. Lo que obligó la promulgación de la Ley de prevención de los crímenes con ácido, la cual que ha permitido disminuir significativamente los ataques. Además se estableció la pena de muerte y multas considerables a las personas agresoras.
En la India también se evidencia un alto índice de comisión de este hecho. Las víctimas mujeres, son en mayoría jóvenes que rechazan propuestas matrimoniales, acosos sexuales o simplemente se encuentran en círculos de violencia doméstica.
Según ASTI, se calcula que cada año se producen al menos unos mil casos de ataques con ácido en India, pero no existe una estadística oficial; se presume que incluso los ataques pueden ser cuatrocientos al mes.
En la India, conforme la enmienda legal realizada en 2013, la condena para los actores del delito abarca desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Asimismo se ha venido trabajando en la regulación del mercado de ácidos y otras sustancias corrosivas como parte de una política preventiva.
Los ataques con ácido son una forma de violencia que ha generado una profunda preocupación a nivel mundial debido a sus devastadoras consecuencias para las víctimas. Estos delitos, que a menudo tienen como objetivo a las mujeres, son actos de agresión que buscan no solo herir físicamente sino también destruir la calidad de vida y la autoestima de la persona afectada, quien pasa a vivir para siempre con una deformidad que la condiciona social, anatómica, espiritual y económicamente.
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Las legislaciones de varios países han comenzado a reconocer la gravedad de estos actos y han establecido penas severas para los perpetradores. Estos cambios legales reflejan un entendimiento creciente de que tales crímenes no son solo ataques individuales, sino que tienen un impacto más amplio en la sociedad, enviando un mensaje claro de que la violencia en cualquiera de sus formas es inaceptable y será castigada con todo el peso de la ley. También deja claro que las mujeres se encuentran organizadas y empujando agendas legislativas que aborden la realidad en lo más concreto y, a la par de ello, visibilizando formas de violencia que constituyen un flagelo y ante las cuales no existe una ruta legal segura, precisa y que dé lugar a la justicia, aun cuando se trate de una forma de violencia extrema.
La multiplicación de espacios de debate y de activismo ha permitido que las sobrevivientes sean escuchadas y la impunidad no se siga imponiendo frente a estos actos deleznables. La idea es que cada mujer en el mundo cuente con leyes que la protejan de la violencia en cualquiera de sus formas y que esta manifestación tan abyecta y extrema en la que se manifiesta la misma, NO sea la excepción.
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María Alejandra Rendón Infante (Carabobo, 1986) es docente, poeta, ensayista, actriz y promotora cultural. Licenciada en Educación, mención lengua y literatura, egresada de la Universidad de Carabobo, y Magister en Literatura Venezolana egresada de la misma casa de estudios. Es fundadora del Colectivo Literario Letra Franca y de la Red Nacional de Escritores Socialistas de Venezuela.
PREMIOS
Bienal Nacional de Poesía Orlando Araujo en agosto de 2016 y el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 2019 en poesía.
PUBLICACIONES
Sótanos (2005), Otros altares (2007), Aunque no diga lo correcto (2017), Antología sin descanso (2018), Razón doméstica (2018) y En defensa propia (2020).
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