Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: La controversia por el territorio Esequibo es un proceso que se remonta al siglo XIX, pocos años después de la disolución de Colombia y la constitución de Venezuela como República, y está determinado por el afán expansionista del imperio británico, la pretensión de controlar el comercio con las naciones que se independizaban de España y la necesidad de abastecerse de recursos naturales de forma permanente, segura, a muy bajos costos.
Límite oriental
Tras el arribo en forma accidental de los primeros invasores españoles a estas tierras, posteriormente llamada América, España y Portugal entablaron una disputa para decidir quién tenía la potestad de colonizar y explotar estos territorios. Dada la condición cristiana que profesaban ambos reinos, y bajo la doctrina que señala al Papa como Vicario de Cristo, decidieron acudir ante el Santo Padre para que dirimiera la disputa y otorgara derechos a uno de los reinos.
El 7 de junio de 1494, los representantes de las monarquías acordaron el Tratado de Tordesillas, que contemplaba la mediación del papa Alejandro VI. Se dictaron cuatro Bulas (decretos) papales mediante las cuales se dirimió la controversia. Básicamente los edictos señalaban que las tierras y mares que estaban al oeste del meridiano situado a 100 leguas de las islas Azores quedaban por derecho bajo la protección de los reyes Fernando e Isabel; fue bajo esta resolución que el reino de España pudo conquistar y explotar la mayor parte de las tierras del Nuevo Mundo.
Pero otras potencias europeas, como Inglaterra, Francia y Holanda, también aspiraban hacerse del control de estos territorios y explotar sus recursos. A lo largo de los años, por diversas formas y circunstancias, España fue perdiendo el control de territorios insulares.
Impulsadas por la leyenda de El Dorado, empresas neerlandesas promovieron, hacia 1530, la invasión del hoy territorio de Guyana. Más tarde, en el siglo XIX, Holanda e Inglaterra llegarían a un arreglo mediante el cual los ingleses obtuvieron el control de ese territorio.
Por otra parte, en 1739, el reino de España restableció el virreinato de Nueva Granada, cuyo territorio estaba conformado por las actuales Repúblicas de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, siendo su límite oriental el río Esequibo. Años más tarde, el 8 de septiembre de 1777, el rey Carlos III crearía la Capitanía General de Venezuela, ratificando como límite oriental del territorio el referido río.
Ambición terrófaga
El comienzo del proceso emancipador en 1810, la proclamación de independencia y la promulgación de la Constitución de 1811 hicieron necesario que se precisara el territorio de la nueva República. Bajo la figura jurídica utis possidetis juris, que alude al principio de la continuidad de una posesión en el tiempo (como poseías poseerás), la Constitución de 1811 estableció que el territorio de la Primera República era el mismo de la antigua Capitanía General de Venezuela.
Más tarde, cuando se constituyó la República de Colombia, Venezuela se incorporó íntegramente con su territorio, que mantuvo una vez disuelta la unión grancolombiana en 1830; su límite oriental siempre fue el río Esequibo. Así pues, desde la creación del virreinato de Nueva Granada, y más propiamente desde la conformación de la Capitanía General de Venezuela hasta mediados de los años treinta del siglo XIX, no existieron dudas ni objeciones respecto a que el límite oriental de Venezuela era el referido río.
Fue a partir de la cuarta década del siglo XIX cuando la ambición imperial británica comenzó a manifestarse de forma más enérgica, y tras la contratación del geógrafo prusiano Robert Schomburgk, se comenzaron a ensayar los primeros intentos de despojo de un territorio que histórica y jurídicamente le ha pertenecido a Venezuela.
Inglaterra estaba para entonces en los albores de su Segunda Revolución Industrial, proceso que demandaba la concentración de grandes capitales necesarios para dinamizar la industria, el comercio y los servicios, así como garantizar el abastecimiento seguro de minerales como el hierro y el carbón, fundamentales para la industria de esta época.
En 1835, Schomburgk trazó una pequeña línea de demarcación que, aun cuando penetraba en territorio Esequibo, no fue establecido como aspiración formal. Más tarde, en 1840, trazó una nueva demarcación, ésta sí presentada como aspiración oficial británica, que partiendo desde la desembocadura del río Moroco (al norte del Esequibo) se extendía en dirección sur hasta el punto más meridional del territorio. Esta demarcación aspiraba despojar a Venezuela de 4.920 km2.
A partir de esta demarcación Gran Bretaña fue incrementando su ambición terrófaga, facilitada por nuestra debilidad estructural: Venezuela era un país debilitado por los largos años de guerra independentista que produjeron estragos no solo en su población, gran parte de la cual murió en los catorce años de confrontación, sino también en su economía, pues su aparato productivo fue duramente afectado en su infraestructura y capacidades. En esas condiciones era imposible que el país avanzara en acciones de fuerza para hacer valer sus derechos y hacer respetar su territorio, y menos con una potencia en ascenso como el imperio británico. La opción, entonces, fue negociar.
Dos hechos importantes
Fue al general José Antonio Páez a quien le correspondió enfrentar esta situación durante su segundo mandato. Ante la aspiración de despojo territorial manifestada por Gran Bretaña de apropiarse de 4.920 km2 (segunda línea Schomburgk), el gobierno comisionó a su embajador en Londres, el doctor Alejo Fortique, quien no sólo realizó el reclamo correspondiente, sino que también, en 1842, formuló un acuerdo de negociación en el que Venezuela estaba dispuesta a ceder una parte del territorio, desde la desembocadura del río Moroco bajando hacia el sur hasta la desembocadura del río Rupununi. Con esta propuesta se perdían cerca de 2.000 km2.
La intención conciliadora de gobierno venezolano fue entendida por Gran Bretaña como un gesto de debilidad. Conscientes de ello, los ingleses intensificaron su arremetida contra la República presentando la tercera línea Schomburgk, la cual partía desde un punto más septentrional, conocido como Punta Playa para extenderse en dirección sur hasta la naciente del Monte Roraima. Con esta nueva demarcación Gran Bretaña pretendía despojar a Venezuela de 142.000 km2.
En 1845 van a ocurrir dos hechos importantes, por una parte España reconoce la independencia de Venezuela y reconoce que su territorio era el de la Capitanía General de Venezuela, cuyo límite oriental era el río Esequibo.
El segundo hecho es la muerte del negociador de Venezuela, Alejo Fortique, lo que hace que las negociaciones entren en una etapa de receso. En 1850 ambos Estados firman un tratado que los compromete a no realizar nuevas demarcaciones ni ocupación del territorio hasta tanto se arribe a un acuerdo.
Descaradamente ignorados
Las negociaciones quedaron estancadas hasta 1886, cuando el gobierno británico presentó una nueva demarcación conocida como la cuarta línea Schomburgk, atribuida al explorador prusiano, aunque no realizada por él, sino trazada con base en sus estudios, ya que había muerto en 1865. Esta nueva demarcación partía desde Punta Playa y se prolongaba en dirección suroeste para luego prolongarse hacia el sur hasta el extremo meridional del Monte Roraima. Con esta propuesta se despojaba a Venezuela de 168.000 km2, un poco más del territorio que hoy está en disputa.
La actitud expansionista británica encontraba estímulo en la llamada Fiebre del Oro que se vivió en Estados Unidos. Ante esta nueva arremetida, el gobierno venezolano rompió relaciones diplomáticas con la corona británica. La respuesta imperial fue entonces presentar una nueva demarcación territorial, máxima aspiración británica, que partiendo desde Punta Playa se adentraba más en territorio venezolano hasta las cercanías de El Callao y Upata en el actual estado Bolívar, con lo cual se aspiraba despojar a la República de 203.310 km2.
La nueva arremetida hizo entender a Venezuela que era imposible contener la ambición expansionista inglesa, razón por la que decidió procurar la mediación de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo los principios de la Doctrina Monroe, acción que nos condujo al Tratado de Arbitraje de 1897, instancia en la cual Venezuela debía contar con representantes; sin embargo, a solicitud de Gran Bretaña esto no fue posible, porque la corono inglesa se negaba a sostener conversaciones con gente ignorante, un pueblo de salvajes sin la educación necesaria para conducir estos asuntos, razón por la cual la representación del país quedó a cargo de abogados norteamericanos.
Lo significativo del Tratado de Arbitraje es que definió las condiciones y los alcances de la negociación que se estaba emprendiendo, conduciendo a la etapa de juicio conocida como Laudo Arbitral de París, cuya sentencia resolutoria ocurrió en el año 1899, juicio en el que Venezuela fue objeto de una componenda imperial, y sus alegatos, documentación y elementos probatorios fueron descaradamente ignorados por los cinco jueces que integraban el tribunal de arbitraje.
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Toda esta ilegalidad y arbitrariedad que hizo del Laudo una sentencia nula e írrita, se vio favorecida por la conflictiva situación política interna. El proceso electoral de 1897 devino en fraude y en la rebelión de uno de los candidatos, José Manuel (El Mocho) Hernández.
Una situación que conllevó, por una parte, a la muerte del general Joaquín Crespo, soporte fundamental del gobierno de Ignacio Andrade, y por la otra, al desencadenamiento de la Revolución Liberal Restauradora, en 1899. En ese contexto se produjo la írrita sentencia contra la República.
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*Imágenes cartográficas cortesía de la profesora Marina Cedres de Toro
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
Ciudad Valencia
