Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas. Tras la sentencia irrita contra Venezuela en el Laudo Arbitral de Paris, el 3 de octubre de 1899, el país fue despojado de una extensión aproximada de 159500 km2. Tal decisión fue el resultado de una componenda política y diplomática orquestada entre Gran Bretaña, Rusia y los Estados Unidos, ejecutada por el tribunal de la causa, ante el cual el país no tuvo representación directa, sino la que en su nombre ejercieron abogados estadounidenses, cuyo desempeño siempre estuvo de espaldas al interés nacional.
Actuaciones que se vieron facilitadas por la grave crisis política que afectaba a Venezuela, casi sin gobierno, pues veinte días después del fallo del Tribunal, Cipriano Castro entraba triunfante en Caracas al frente de la Revolución Liberal Restauradora.
Despojo ilegal:
Con base en los términos establecidos en el Tratado de Arbitraje de 1897, se conformó un tribunal para conocer la causa, el cual estuvo integrado por cinco jueces: dos escogidos por el Reino Unido, dos debieron ser elegidos por Venezuela, pero con base en una exigencia británica, fueron designados por Estados Unidos y un quinto juez nombrado entre ambas partes que terminó siendo ruso, estos personajes fueron: los ingleses Richard Henn Collins y Charles Barón Russel, los norteamericanos Melville Weston Fuller y David Josiah Brewer, ambos miembros de la Corte Suprema de Justicia; y el ruso Federik de Martens. En representación del país actuaron los abogados estadounidenses: Severo Mallet Prevost, Benjamín Harrison, James Russell Soley, Benjamín F Tracy y el venezolano José María Rojas.
En el juicio se desconocieron todos los documentos probatorios y elementos de convicción que avalaban y certificaban la titularidad de Venezuela, jurídica e histórica sobre el territorio Esequibo. El tribunal, previamente confabulado, ignoró, flagrantemente, los alegatos interpuestos por la representación venezolana y falló en favor del Reino Unido. Ante esta decisión, en los años sucesivos el país mantuvo una tímida protesta en diversos escenarios internacionales, señalando que había sido objeto de un despojo ilegal.
En 1948 muere el abogado Severo Mallet Prevost, dejando unas memorias que debían ser publicadas con posterioridad. Cuando se hicieron públicos los escritos, en 1949, se develó, con detalles, la componenda de la que había sido objeto el país. Con base en estos señalamientos durante la siguiente década los sacerdotes jesuitas e investigadores Pablo Ojer y Hermann González Oropeza, se dedicaron a realizar una profunda investigación que permitió fundamentar, con mayores elementos, la condición írrita del Laudo Arbitral de París.
Evadir la controversia:
Con nuevos elementos que demostraban la actuación fraudulenta del Tribunal, el 12 de noviembre de 1962, por voz de su canciller, el Dr Marcos Falcón Briceño, Venezuela denunció ante la Organización de Naciones Unidas el acto ilegal del que había sido objeto la República. En un discurso muy bien argumentado se develó la componenda de la que había sido objeto el país y se leyeron pasajes del documento dejado por el abogado Mallet Prevost.
Tras describir con detalles la forma en que se orquestaron los jueces para ejecutar el fraude procesal, se citaba la opinión concluyente de Prevost: “la decisión del Tribunal fue, en consecuencia, unánime; pero, si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho”.
Luego de esta alocución Venezuela comenzó una intensa campaña internacional a los fines de hacer valer la denuncia que había formulado, fue esa campaña la que condujo a la firma del llamado Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966. Este documento resulta de suma importancia: en primer lugar, porque expresa un reconocimiento tácito de los derechos del país, al aceptar que se revise un asunto juzgado. Y en segundo lugar, el Acuerdo remite a las formas de resolución del conflicto, la cual se hará en el marco de lo establecido en el Acuerdo, estas son: negociaciones bilaterales, designación del Buen Oficiante, mediación del Secretario General de Naciones Unidas y acudir ante la Corte Penal Internacional. Cualquiera fuese la instancia a la que se recurriera, ella debía ser acordada mutuamente.
Poco meses después de firmado este documento, Gran Bretaña otorgó la independencia a Guyana, con lo cual pretendió evadirse de la controversia bajo el pretexto de que Venezuela, ahora, debía negociar con una nación independiente, una pretensión inaplicable por cuanto los alegatos históricos del país remiten siempre al titular de la acción fraudulenta que es Gran Bretaña.
La condición de naciente Estado independiente de la República Cooperativa de Guyana, débil para entrar a debatir un tema tan delicado como lo es un diferendo territorial, no fue aprovechada ventajosamente por Venezuela, que, por el contrario, planteó en 1970 la posibilidad de posponer por un tiempo las negociaciones en atención a lo poco exitosa que habían sido las reuniones sostenidas después de la firma en Ginebra. En estas circunstancias se firmó, el 18 de junio de 1970, el llamado Protocolo de Puerto España, mediante el cual se congelaban las negociaciones por 12 años.
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La integración regional
Tras la llegada a la presidencia de la República del comandante Hugo Chávez se fue estableciendo un lento giro en la forma en que Venezuela enfrentaba la controversia limítrofe, esto fue, asumir la negociación directa con la República Cooperativa de Guyana pero en el marco de un contexto de geopolítica internacional signados por los procesos de integración regional que impulsaba el gobierno venezolano. De esta forma se avanzaba en dos direcciones: intentaba contrarrestar la imagen de Venezuela como un país grande y rico que prendía despojar de su territorio a una nación débil y pequeña; al mismo tiempo procuraba que la Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) tuviera una posición más comprensiva y valorara la histórica reclamación del Estado venezolano, esto por cuanto, como Comunidad, siempre han respaldado en bloque a Guyana.
Incluso frente a algunas declaraciones altisonantes, provocadoras y poco favorables para el buen espíritu de las conversaciones que sectores de Guyana echaban a correr por los medios de comunicación, Chávez siempre llamó a mantener la calma y tratar el asunto al más alto nivel, alejados de la “diplomacia de micrófonos”, en el marco del Derecho Internacional y lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.
Así nos mantuvimos, aunque sin avances en el proceso, hasta que ocurrieron dos hechos importantes: la muerte de Chávez, que fue interpretada por los sectores imperiales, petroleros y militares, como la oportunidad para escalar en el conflicto, en la idea que el país tenía un gobierno débil, acechado por una crisis política interna que le impediría hacer frente a esta contingencia. Y el descubrimiento, en 2015, de yacimientos de petróleos que estimularon la ambición de los gobiernos del vecino país, auspiciando acciones violatorias del Derecho Internacional con la clara intención de buscar escalar en el conflicto.
Avalar la titularidad
A partir de los descubrimientos petroleros en áreas marinas de la costa atlántica los sucesivos gobiernos de Guyana fueron intensificando las provocaciones y agresiones al Estado venezolano. En primer lugar otorgando concesiones a compañías petroleras para realizar exploraciones en áreas que están por delimitar, e incursionando barcos de exploración oceanográfica en zonas sobre las que Venezuela tiene jurisdicción, obligando la reacción inmediata de la armada venezolana.
Es en este contexto que ocurre la firma del Decreto de Barack Obama que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, decreto firmado, el 9 de marzo de 2015, veintitrés días antes del anuncio de descubrimiento de yacimientos petroleros en la costa atlántica por parte de Guyana y la compañía Exxon Movil. Esta ha sido la constante de los últimos años.
En 2018, sin que Venezuela solicitara tal pronunciamiento, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterrez, remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia, y en 2020 el gobierno guyanés, violando lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, acudió de forma unilateral ante la Corte para dirimir el conflicto, instancia que se pronunció en 2022, declarándose competente para conocer del caso. Venezuela ha reiterado que no reconoce la competencia de la Corte en este asunto y que el marco para arribar a una solución satisfactoria es el Acuerdo de Ginebra, todo ello en apego a ese instrumento de negociación.
La Corte ha llamado a las partes a presentar sus alegatos, con un elemento que podría favorecer al país, tal es que el tribunal declara la competencia de revisar el fondo de la sentencia del Laudo Arbitral de París, que Venezuela ha declarado como irrita, situación que abre la puerta para presentar todos los elementos probatorios que fueron desconocidos en su momento, y los nuevos que pudieran aparecer, que permitan demostrar lo fraudulento de la decisión tomada en París en 1899. Este aspecto podría resultar favorable ya que la revisión del Laudo remite a Gran Bretaña como parte del conflicto, algo que Guyana se niega a reconocer por cuanto sostienen que recibieron un territorio en herencia y no tienen por qué responder de las situaciones ocurridas con anterioridad.
Pese a todo lo anterior no debe perderse de vista que son los intereses imperiales norteamericanos: geopolíticos, energéticos y militares los que están detrás de Guyana aupando y promoviendo esta etapa del conflicto. Estamos en una situación en la que el peso y la influencia de esos intereses pudieran forzar una decisión no ajustada a derecho. No en balde, la actual presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, integró el equipo de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, con rango equivalente al de subsecretaria de Estado, gestión en la que se inició la abierta y directa cadena de agresiones contra Venezuela. Y uno de los últimos magistrados designados, el rumano Bogdan Lucian Auresco, durante el desempeño como canciller de su país, reconoció a Julio Borges como representante del supuesto gobierno interino de Juan Guaidó.
En este contexto la Asamblea Nacional de Venezuela ha convocado un referéndum consultivo a través de cinco preguntas, una de las cuales está referida al apoyo de los venezolanos al Acuerdo de Ginebra, pregunta que de ser aprobada, le brindaría al gobierno y al Estado venezolano una base política para acudir más fortalecido ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela posee todos los elementos probatorios que avalan la titularidad sobre el territorio Esequibo, la República Cooperativa de Guyana solo puede alegar la herencia de un territorio que fue despojado de manera fraudulenta. La verdad nos asiste histórica, jurídica y moralmente. Porque el Esequibo es venezolano, el próximo domingo 3 de diciembre, salgamos en defensa de la patria a votar 5 veces sí.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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