La Compañía Guipuzcuana… Amigas y amigos constructores de sueños, forjadores de esperanzas: Los viajes de exploración emprendidos por España a finales del siglo XV fueron siempre una empresa de carácter económico. Su objetivo era encontrar una ruta segura que restableciera el comercio con el lejano Oriente: China y la India, interrumpido tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453.
En esa búsqueda, la expedición capitaneada por Cristóbal Colón arribaría, accidentalmente, al continente que hoy llamamos América, iniciándose, al poco tiempo, un proceso de saqueo de recursos auríferos, exterminio de la población originaria y, más tarde, explotación de la tierra y sus productos.
En el esfuerzo por monopolizar el mercado que comenzó a abrirse con el Nuevo Mundo, España debió enfrentar, de diversas formas, la acechanza de otras potencias europeas que aspiraban el dominio sobre estos territorios, el saqueo de sus recursos y el control del comercio. Uno de esos esfuerzos realizados por la Metrópolis española para mantener el control del comercio estuvo representado en la famosa Compañía Guipuzcoana.
El interés local:
Creada mediante Real Cédula emitida por el Rey Felipe V el 25 de septiembre de 1728, la Compañía Guipuzcoana fue una empresa de origen vasco, creada para asegurar el abastecimiento de cacao, cuyo consumo se había expandido de tal forma que podía ser considerado artículo de primera necesidad; producto que España se veía imposibilitado de transportar a consecuencia de los constantes enfrentamientos bélicos con sus vecinos.
El origen de la compañía estuvo basado en el informe presentado por el señor Pedro José de Olavarriaga, durante su desempeño en Caracas como juez de comisos entre los años 1721 y 1722, en el que hizo una radiografía del estado del comercio en la gobernación, la capacidad de producción, los niveles de comercio con España y México, así como con otros dominios españoles y extranjeros en América. Aunque el capital de constitución de la compañía era de 3.000.000 de pesos, solo la mitad fue aportada por los inversionistas a razón de 500 pesos la acción; sin embargo el monto resultó suficiente para comenzar las operaciones.
Pronto la compañía comenzó a imponer un conjunto de medidas que restringían la libertad de comercio que se venía ejerciendo en la provincia. Al monopolio que impuso la compañía vasca se opuso el interés de los productores locales, quienes preferían colocar el fruto en el puerto de Veracruz por los beneficios que esto representaba para sus intereses: distancia más corta, menor riesgos para los cargamentos, pago inmediato en metálico (monedas de oro y plata) y un mejor precio.
El contrato estipulaba el monopolio comercial entre la provincia de Venezuela y la Metrópolis, quedando excluidas otras provincias que más tarde conformarían la Capitanía General de Venezuela. Un comercio que se veía favorecido por la gran calidad del cacao cultivado en estas tierras, al punto que llegó a alcanzar un valor sólo superado por el oro y la plata.
Con el tiempo, la Metrópolis impondría una serie de requerimientos legales que conllevaron la obligatoriedad de comercializar la totalidad de las cosechas a través de la Compañía vasca, conllevando tales medidas, entre otros efectos, un derrumbe en el precio del producto, situación que afectó considerablemente las ganancias y generó gran malestar entre los productores, muchos de ellos miembros de las familias más pudientes de la colonia.
El interés común:
El monopolio establecido por la Compañía Guipuzcoana, con el transcurrir del tiempo, fue generando descontento entre los hacendados y comerciantes. Por una parte, los representantes del Cabildo alegaban que su creación no había sido consultada con esa instancia, un procedimiento necesario, al afectar esta medida el interés común. No olvidemos que, desde el propio inicio de la colonia, el cabildo se constituyó en un foro para canalizar las aspiraciones y demandas del mantuanaje criollo.
En segundo lugar, y esto era lo más importante, el monopolio afectaba el comercio de exportación directo con México y España, así como la importación de productos de Inglaterra, Francia y la propia metrópolis. La intermediación de la compañía implicaba que los productores obtenían por el cacao un precio muy inferior del que podían percibir vendiéndolo directamente, así como adquirir productos requeridos en la provincia a costos muy superiores a los del mercado.
En tercer lugar, la disposición que estableció la Compañía de restringir la capacidad de almacenaje que cada barco reservaba para el traslado de otros productos nativos fue otra medida que obligaba a los comerciantes y hacendados a vendérselos a un menor costo. Todo esto terminó estimulando el alzamiento del canario Juan Francisco de León, en 1749, rebelión que no fue contra el orden colonial, sino contra el monopolio establecido por la Guipuzcoana y para restablecer los privilegios que habían usufructuado hacendados y comerciantes desde el inicio de la colonia.
Injustificados privilegios:
La imposición de las medidas establecidas por la compañía tuvo como efecto el incremento del contrabando, esto a pesar de las fuertes sanciones que esta acción contemplaba. En este contexto, Curaçao se convirtió en una de las rutas seguras y lucrativas para la exportación de cacao y cuero de ganado. Para tener una idea de la cuantía del incremento del contrabando debe señalarse que entre 1741 y 1751 salieron desde esa isla rumbo a Amsterdam aproximadamente unas 270.000 fanegas de cacao y unos 300.000 cueros de ganado, casi en su totalidad venezolanos. Mientras que en los ocho años anteriores a esta década las cifras alcanzaban ligeramente los 20.000 y 37.000 envíos, respectivamente.
Fue en este contexto que ocurrió la rebelión capitaneada por Juan Francisco de León, quien era un hacendado de origen canario y fundador de Panaquire (pueblo del hoy estado Miranda) donde ejercía como juez de comisos. Su sustitución, en marzo de 1749, por Marín Echeverría fue el detonante del movimiento. Alegaba León que tal designación afectaba el interés de los productores al ser Echeverría de origen vizcaíno.
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El movimiento fue creciendo hasta llegar a la ciudad de Caracas, donde plantearon sus demandas ante el gobernador Luis Francisco Castellanos. La rebelión parecía triunfar, pues entre los acuerdos admitidos por el mandatario estaban: cesar el monopolio y hacer desaparecer la compañía. Sin embargo, el gobernador Castellanos se retractaría, más tarde, de tales compromisos. La rebelión se prolongó hasta el año 1751 y sería derrotada tras la designación de un nuevo gobernador: Felipe Ricardos y el envío por parte de España de un contingente militar para restablecer el orden en la provincia. Tras una larga persecución Juan Francisco de León se entregó a las autoridades y fue trasladado a España donde murió en prisión.
Todo esto tiene sentido recordarlo para alertar sobre los riegos que puede conllevar el establecimiento de nuevos monopolios, así como el otorgamiento de injustificados privilegios al capital transnacional a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Alertas que en otro tono y con otros argumentos han sido expresadas por figuras como Luis Britto García y Pascualina Curcio. El apego al marco constitucional y el respeto a la soberanía nacional deben ser los principios que orienten cualquier concesión y acuerdo económico.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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