Hace unas semanas, el gobierno talibán de Afganistán oficializó un paquete legislativo que incluye más de treinta nuevas directrices referentes a la Sharia y el respeto a las normas morales fundamentalistas. Entre estas, la prohibición de que los hombres musulmanes se corten la barba, o que las mujeres puedan recitar o cantar en público. Sí, así como se lee: prohibir la voz de las mujeres, pues, también tienen restricciones para hablar en público y mostrar el rostro, además de prohibir a los conductores transportar mujeres sin el acompañamiento de un hombre.
Esta medida no solo afecta la manera en que éstas pueden interactuar socialmente, sino que esta realidad de traslada a redes, medios digitales e impresos, cine y cualquier otro canal que haga posible la comunicación.
Asimismo, más del 80% de las mujeres afganas enfrentan restricciones severas para acceder a la educación, al empleo y a otro conjunto de derechos económicos, y se ha tornado más desventajosa la realidad para éstas desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Lo que ya era una situación difícil, se ve recrudecida al punto que la actuación social de las mujeres queda limitada a la reproducción, la crianza y el servicio de algunas tareas —feminizadas— que les son permitidas.
En pleno siglo XXI, esta realidad puede seguir asumiéndose, sobre todo desde Occidente, con relativa normalidad, dado que se asume como producto de un “sistema cultural” que “desde siempre” se ha expresado desde el extremismo. Sin embargo, el manto de “las expresiones culturales” o las “tradiciones” ha servido para ocultar las condiciones de vasallaje más extremas sin que las comunidades internacionales, los medios, los preocupados por los derechos, los sensibles defensores de la democracia o de la libertad de expresión, emitan opinión alguna al respecto, aún cuando el ejercicio de derechos fundamentales plenos y consagrados para toda la humanidad implique la tortura, el exterminio, el encarcelamiento o la desaparición.
Es un momento importante para recordar el caso de Malala Yousafzai, quien recibió un disparo en la cabeza en 2012 cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. El motivo del ataque perpetrado por el Talibán era claro: esta joven de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas y se encontraba asistiendo de manera voluntaria a una secundaria, pese a las advertencias y amenazas ejercidas en su contra.
Después de varias semanas en cuidados intensivos, Malala sobrevivió. Y aunque las balas del Talibán cambiaron su vida para siempre, no hicieron mella en su determinación de luchar para que las niñas en su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria, derecho al cual siguen sin acceder la mayoría de las afganas.
Sin duda, el atentado contra ella y contra muchas otras, así como las nuevas medidas en 2024, que refuerzan las prohibiciones, y que han venido acompañadas de fuertes amenazas para todas aquellas que las incumplan, tiene el objetivo de controlar, aterrorizar y cercenar las libertades más elementales de las niñas y mujeres, así como del resto de la población.
Otras restricciones como: prohibir el libre tránsito sin custodia masculina —aun cuando se trate de ir al abasto o un centro de salud— o hacer transacciones económicas de cualquier tipo, se adiciona al hecho de prohibirles, nada más y nada menos, que hablar en público, reunirse entre ellas sin motivo que lo justifique, el uso de maquillaje o perfumes.
Según la nueva legislación, las voces de las mujeres también se consideran “vicio” cuando son escuchadas en público. Las restricciones respecto a éstas establecen que “siempre que una mujer adulta salga de su casa por necesidad, está obligada a ocultar su voz, rostro y cuerpo”, ya que todos están considerados como tentaciones que promueven el vicio y la inmoralidad.
La ley también otorga a los agentes del Estado amplios poderes discrecionales para detener a personas, imponerles castigos o remitir asuntos a los tribunales.
¿Quiénes son los ‘mohtasabeen’?
Los mohtasabeen son los responsables de hacer cumplir estas leyes y operan en todas las provincias. Una especie de guardia moral que en cada calle se encarga de hacer cumplir a cabalidad con la mesura y el orden.
Con la promulgación de la nueva legislación, su poder ejecutivo aumentó, especialmente porque cuentan con el pleno apoyo del líder talibán.
Podrán silenciar las voces de las mujeres o la música que salga de sus casas, y pedir a los hombres que se afeiten o se corten el pelo si no cumplen con las restricciones sobre el peinado.
La ley dice que la policía de la moral también tendrá la autoridad de impedir que los taxistas lleven en su auto a mujeres que no estén acompañadas por un pariente masculino cercano, como un padre o un hermano adulto, o que no lleven el hijab según dicta la sharia.
Los hombres y las mujeres tampoco pueden sentarse uno al lado del otro en un coche.
La nueva ley también prohíbe crear, conservar o publicar imágenes de seres vivos, y abarca desde el hecho de dibujar un pájaro a llevar una foto de un familiar.
Según la nueva norma, también se prohíbe la compra y venta de estatuas, cualquier celebración, el «uso indebido» de grabadoras y radios, como la reproducción de música, que la sharia considera haram.
También se prohíbe la producción y visualización de fotografías, pero en contradicción con las nuevas normas, casi todos los funcionarios del gobierno talibán han aparecido ante las cámaras, incluido Mohammad Khaled Hanafi, el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.
Organizaciones de derechos humanos y la ONU han condenado estas medidas, considerándolas violatorias de los derechos fundamentales y un retroceso en los avances logrados en las últimas décadas. La comunidad internacional sigue instando al régimen talibán a respetar los derechos humanos y a poner fin a estas prácticas opresivas.
Por su parte, algunas mujeres, en clara posición de rechazo y desafío a la Ley moral, han usado sus redes para cantar en público y han intentado desconocer algunos de sus preceptos. El saldo hasta este momento es de unas 13 mil personas penalizadas por incumplir aspectos de la nueva ley, de las cuales la mayoría son mujeres jóvenes.
Los talibanes justifican estas medidas bajo el amparo de la interpretación que hacen de la ley islámica.
La peor consecuencia se expresa, sin embargo, a nivel psicológico; las mujeres, principalmente, viven atemorizadas, con depresión y ansiedad. La violencia de género ha aumentado y no existe instancia a la cual acudir por ayuda. Sus formas de lucha son muy particulares, desde redes clandestinas para la alfabetización, el acompañamiento, hasta las protestas pacíficas.
A pesar de que el respaldo internacional es crucial en este momento, las actuaciones de los organismos y la presencia de vocerías en espacios incidentes han sido muy limitadas. La respuesta global ha sido desigual, respecto a otros temas que han recibido cobertura y atención total de los medios occidentales.
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Esto deja claro que la lucha por los derechos, las libertades y la democracia, está sometida a los intereses de las agendas políticas, y que son los dueños de las corporaciones mediáticas quienes establecen qué es una crisis, una dictadura, un régimen, una injusticia, una situación urgente, y qué no lo es, evidentemente. A pesar de este revés que sufre la población afgana en materia de derechos elementales; del exterminio al que está sometido el pueblo de Gaza; de la compleja situación de Haití y otro conjunto de situaciones que merecen la atención y el repudio absoluto de la comunidad internacional y los pueblos del mundo, los medios y redes se encuentran diseñando campañas para fortalecer el apartheid global y garantizar la hegemonía de Occidente sobre el resto del mundo en beneficio de unos pocos.
La situación de las mujeres afganas es un recordatorio sobre la abyecta situación de las niñas y mujeres en el mundo, sobre todo aquellas que sí están bajo el yugo de verdaderos regímenes dictatoriales. Es un recordatorio de la hipocresía de las redes y los medios y, más aún de las sombrías instituciones que, encargadas de velar por los derechos de la humanidad, no han logrado garantizar la vida ni la dignidad de millones.
Sigan siendo las valientes niñas y mujeres afganas que se atreven a romper el cerco mediático, quienes sirvan de ejemplo de igualdad y justicia.
¡No al apartheid contra las mujeres!
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María Alejandra Rendón Infante (Carabobo, 1986) es docente, poeta, ensayista, actriz y promotora cultural. Licenciada en Educación, mención lengua y literatura, egresada de la Universidad de Carabobo, y Magister en Literatura Venezolana egresada de la misma casa de estudios. Es fundadora del Colectivo Literario Letra Franca y de la Red Nacional de Escritores Socialistas de Venezuela.
PREMIOS
Bienal Nacional de Poesía Orlando Araujo en agosto de 2016 y el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca 2019 en poesía.
PUBLICACIONES
Sótanos (2005), Otros altares (2007), Aunque no diga lo correcto (2017), Antología sin descanso (2018), Razón doméstica (2018) y En defensa propia (2020).
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