Amigas y amigos, constructores de sueños, forjadores de esperanzas: El próximo 15 de septiembre se estarán conmemorando setenta años de la muerte del general Isaías Medina Angarita, personaje sobre el que la historiografía venezolana mantiene una opinión dividida, sobre todo en lo relativo a su ejercicio de gobierno. Un péndulo que oscila entre los siguientes extremos: considerado por unos heredero y continuador del régimen gomecista, su ejercicio de gobierno impidió alcanzar la mayor aspiración política de los venezolanos de entonces: el voto universal, directo y secreto.
Para otros, es percibido como uno de los presidentes más democráticos que ha tenido el país, que intentó sentar las bases de una democracia con instituciones sólidas, y orientó un proceso de aprendizaje ciudadano lento y cauteloso, que procuraba avanzar hacia una sociedad con amplias libertades ciudadanas. Una posibilidad que habría sido truncada por la acción emprendida por un sector de la joven oficialidad militar junto a dirigentes del partido Acción Democrática, quienes impulsaron el golpe de Estado que dio al traste con su gobierno y terminó liquidando el sistema político vigente desde 1899 tras el triunfo de la Revolución Liberal Restauradora.
Asegurar su continuidad
En cierta forma se puede admitir la idea de un Isaías Medina Angarita heredero del gomecismo, pues el origen de su mandato estuvo sostenido, por una parte, en lo establecido en el texto constitucional vigente que mantenía muchos principios y visiones del régimen iniciado por Castro y Gómez; y por otra parte, en que el principal criterio que habría privado para su postulación como candidato y elección como presidente por parte del Congreso de la República (que era una elección de tercer grado) implicaba tácitamente otra condición: la de ser andino y militar. Desde esta perspectiva, el gobierno de Medina Angarita habría tenido un propósito fundamental: mantener la estructura, funcionamiento y vigencia del sistema político instaurado por los andinos y asegurar su continuidad en el tiempo.
Propósito que pareció confirmarse en la medida en que las demandas de democratización de la sociedad venezolana relativas a la elección por votación universal directa y secreta del presidente de la República se vieron frustradas tras la reforma constitucional del año 1944, que no sólo mantuvo el sistema electoral de tercer grado, sino que limitó el ejercicio del sufragio de las mujeres a la elección de concejales y continuó prohibiendo la participación de analfabetos. Lo que significaba que más de dos tercios de la población estaban excluidos de participar en cualquier acto comicial.
Además de esto, la existencia de una casta militar sin formación profesional, pero apoderada de los puestos claves en la estructura de mando del ejército, que aparentemente impedía el ascenso de las jóvenes promociones de oficiales egresados de Academia Militar, sumaba un motivo más al descontento contra su gestión de gobierno.
Estos son los principales y más sólidos argumento contra el gobierno del general Medina Angarita, sobre ellos una parte de la historiografía venezolana ha vertido ríos de tinta para justificar y legitimar el golpe de Estado que derrocó su gobierno. Una justificación que se hace pese al consenso existente en reconocer que Medina Angarita representó la cara opuesta de la tiranía ejercida por Juan Vicente Gómez y estuvo distante del carácter autoritario asumido por Eleazar López Contreras. Opinión en la que coincidió hasta su principal adversario político: Rómulo Betancourt, quien llegó a señalar en su libro Venezuela, Política y Petróleo que ese gobierno “se caracterizó por un mayor ejercicio de las libertades públicas y por la actitud oficial menos represiva frente a las fuerzas políticas de oposición”.
Convicción democrática
Precisamente por esta última afirmación resultaría injusto considerar a Medina Angarita como continuador del gomecismo. En estricto apego a los hechos, no había en los años transcurridos del siglo XX, y echando la mirada hacia atrás, desde el comienzo de la República, un gobernante que haya respetado tanto las libertades públicas y realizado esfuerzos por abrir un sistema político, que estaba tutelado por el sector militar, como lo fue el régimen político postgomecista del general Medina Angarita.
Desde su llegada a la Primera Magistratura emprendió gestiones para la ampliación de la participación política, siendo el primer y principal beneficiado Acción Democrática, partido legalizado apenas cuatro meses después de comenzado el período gobierno, el 13 de septiembre de 1941. Situación similar ocurrió con el movimiento sindical, que no sólo experimentó un crecimiento importante, sino que encontró amplias garantías para el ejercicio de sus funciones. En este mismo ámbito la libertad de prensa resultó absoluta. Y en cuanto a los llamados “Delitos de Opinión” no existieron presos por razones de pensamiento o acción política.
En este contexto, la vida política comenzaba a tomar un ritmo marcado por el debate de las ideas y la posibilidad de entablar acuerdos en relación a intereses mutuos y temas coincidentes. Así parecen evidenciarlo, al menos, dos hechos: la alianza que los Partidarios de la Política del Gobierno (PPG), agrupación conformada para respaldar la gestión gubernamental, y Unión Municipal (UM), primero, y más tarde Unión Popular Venezolana (UPV), ambos brazos políticos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), entablaron de cara al proceso electoral municipal de 1944. Partidos éstos que veían restringida su existencia legal por la vigencia del inciso 6to del artículo 32 de la Constitución.
Y por las negociaciones emprendidas principalmente con el partido Acción Democrática para buscar un candidato presidencial de consenso de cara a las elecciones de 1945, capaz de adelantar una nueva reforma constitucional que, ésta sí, estableciera la elección universal, directa y secreta del presidente de la República. Esas negociaciones llevaron a un candidato mutuamente aceptado tanto por Acción Democrática, como por el propio gobierno, como lo fue el embajador de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante.
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De hecho, las circunstancias que rodearon el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 y los argumentos finales que esgrimieron sus autores, respecto del fracaso de una candidatura consensuada, luego de la inhabilitación por enfermedad del embajador Diógenes Escalante, solo es posible comprenderla en el marco de la apertura política otorgada durante el gobierno de Medina. La búsqueda de consenso en torno a un candidato presidencial que el gobierno podía elegir por sí solo por la amplia mayoría que tenía en el Congreso Nacional, vislumbraba el nacimiento de un proceso institucionalización democrática.
Es precisamente ese contexto el que contribuye a avivar más las pasiones en torno a la legitimidad o no del golpe de Estado. La decisión del gobierno de impulsar por cuenta propia un nuevo candidato presidencial (Ángel Biaggini), tras la enfermedad de Escalante, rompía el consenso y habría conducido a la dirigencia de Acción Democrática a embarcarse en la aventura golpista. En este punto, una pregunta resulta obligada en atención a lo precipitado de los acontecimientos: ¿Estaban los dirigentes de Acción Democrática participando de la aventura golpista antes o después de la ruptura del consenso?
El drama del gobierno de Medina Angarita puede ser comprendido bajo el aforismo de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”, porque fueron las circunstancias que abarcaban un sistema político complejo, que él no supo y no pudo controlar, las que determinaron su incapacidad para satisfacer las demandas de democratización de la sociedad venezolana. Su clara convicción democrática se puso de manifiesto durante el golpe de Estado, negándose a reprimir el alzamiento militar cuando todavía podía hacerlo, para evitar derramamiento de sangre. Una lección de humanidad que no fue aprendida por uno de los conspiradores civiles del 18 de octubre: Rómulo Betancourt, quien no dudó en derramar toda la sangre necesaria para sofocar los alzamientos de Carúpano y, sobre todo, de Puerto Cabello, durante su segundo ejercicio de gobierno.
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Ángel Omar García González (1969): Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, y Magister en Historia de Venezuela, ambos por la Universidad de Carabobo, institución donde se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo por la Columna Historia Insurgente del Semanario Kikirikí. Ganador del Concurso de Ensayo Histórico Bicentenario Batalla de Carabobo, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar en 2021, con la obra “Cuatro etapas de una batalla”. Es coautor de los libros “Carabobo en Tiempos de la Junta Revolucionaria 1945-1948” y “La Venezuela Perenne. Ensayos sobre aportes de venezolanos en dos siglos”.
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