A propósito del reciente dictamen del la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya (Países Bajos), referido al tema de Nuestro Esequibo (jueves 06/04/2023), procede un comentario sobre este tema de especial interés para nuestro país, desde hace más de doscientos años, como historia que incluye el fraudulento despojo a nuestro territorio en 1899, que se pretende revalidar hoy día, bajo los auspicios del gran capital y la expoliación de recursos nuestroamericanos que le ha caracterizado.
La decisión se refiere a esta etapa donde la República Cooperativa de Guyana intenta unilateralmente, desde el año 2018 (con la anuencia de la Secretaría General de la ONU), que esta instancia internacional (CIJ) dictamine como legal el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899. Como sabemos, por ese laudo, unos jueces de Reino Unido, junto a otros de EEUU supuestos asesores de Venezuela (en una acción de tutelaje, cuando ya Venezuela era país independiente, al menos de España) y otro juez ruso pro británico, dictaminaron el robo de unos 159.500 Kms2, lo que representa la séptima parte del resto de nuestro actual territorio.
Más allá de esta acción de saqueo, amparada en intereses imperiales ajenos a nuestra nación, realizada en momentos de guerras civiles internas y basada en el forjamiento de mapas originales que existen desde la etapa colonial de la Capitanía General de Venezuela, nuestro país ha mantenido el reclamo de nuestros derechos sobre el territorio Esequibo. Ya para 1949 se había descubierto toda la defraudación cometida en ese arbitraje de 1899, cuando uno de los jueces participantes, en nombre de EEUU, Severo Mallet-Prevost, dejó una confesión testamentaria publicada luego de su muerte en la prensa norteamericana de la época.
No es sino a partir de finales de 1962 cuando Venezuela logra tener eco en la Asamblea General de la ONU sobre su denuncia del carácter ilegal del Laudo Arbitral de París, y a partir de allí se inician reuniones entre el Reino Unido, Venezuela y el gobierno de la entonces Guayana Británica para examinar la documentación respectiva y por nuestra parte solicitar su nulidad. Finalmente en febrero de 1966 se firma en llamado Acuerdo de Ginebra, donde la Gran Bretaña, Venezuela y la aún colonia Guayana Británica reconocen la existencia de una controversia territorial sobre el Esequibo y se establecen los posibles procedimientos para encontrar una solución por medios pacíficos, basados todos en la Carta de las Naciones Unidas.
Casi inmediatamente, a finales de 1966, Guyana declara su independencia del Reino Unido. El primer procedimiento empleado en discusión limítrofe fue el de la “Comisión Mixta”. Luego, en junio de 1970, el gobierno venezolano (del entonces presidente Rafael Caldera) decide posponer por 12 años la discusión en el llamado Protocolo de Puerto España. Desde 1982, cuando se decide reactivar el proceso de discusión, Venezuela ha reafirmado, en base al Acuerdo de Ginebra, la continuidad de negociaciones con Guyana para un arreglo práctico de la controversia entre ambas partes. Guyana se mantuvo en la idea de que sea la ONU, en algunas de sus instancias, la que decida. Finalmente, en 1989, ambas naciones acogen el método de los “Buenos Oficios”, con un oficiante calificado aceptado por ambas partes y en ese camino se marchó hasta el 2014, cuando fallece el tercero y último oficiante en funciones.
2015 sería un año especialmente conflictivo en torno al tema del reclamo de nuestro Esequibo. Ya Guyana venía incumpliendo parte de lo acordado en Ginebra (1966) con el otorgamiento de concesiones a compañías extranjeras en el territorio Esequibo. Con la llegada a la presidencia de Guyana del militar ultra reaccionario David Granger (2015-2020), se inicia toda una estrategia de agresiones, colocando a Venezuela como enemiga del desarrollo de Guyana, en una labor por demás permanente e inamistosa. En esa oportunidad, el propio presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, habló en Sesión Especial ante la Asamblea Nacional, denunciando esta arremetida de Guyana (6 de julio, 2015). Allí se concretó la creación de una sola y única Comisión Presidencial para Asuntos Limítrofes, que presidiría la Vice Presidencia Ejecutiva de nuestro país.
Lo cierto es que la República Cooperativa de Guyana, en su actuación unilateral, solicitó al Secretario General de la ONU establecer que sea la CIJ, como instancia decisoria, la que dictamine en el tema Esequibo. Éste también unilateralmente decide que sea esta Corte la que asuma la posible solución a la controversia. En 2018, Guyana dirige solicitud a la CIJ simplemente exigiendo la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, desconociendo lo ya avanzado desde el Acuerdo de Ginebra (1966) que había demostrado lo fraudulento de ese arbitraje.
Venezuela ha insistido en la negociación entre las partes, apegada a una diplomacia de paz que priorice la solución de los conflictos en base a la documentación y pruebas irrefutables existentes. Por eso en principio presentó sus objeciones sobre la competencia de la CIJ sin haberse agotado otros posibles mecanismos estipulados en el Acuerdo de Ginebra (1966).
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Además considera que al pretenderse validar el Laudo de París (1899), Reino Unido debe ser parte de la controversia. Oídas las dos partes, la CIJ produce esta primera sentencia declarando que “sí es competente y sí decidirá” (2023). Sin embargo, agrega que lo realizado por Reino Unido en torno al cuestionado Laudo de 1899 deberá ser evaluado, cuestión que abre una posibilidad de que se pueda ratificar su nulidad, que sería la posición a defender por Venezuela.
Es un aspecto crucial para el Gobierno Bolivariano y para todos los venezolanos defender la soberanía sobre el territorio Esequibo, que nos pertenece en forma inobjetable. El presidente Nicolás Maduro como responsable de las relaciones internacionales deberá pronunciarse prontamente sobre esta nueva coyuntura. Se habla incluso de una posible consulta nacional o referéndum. La Comisión Presidencial sobre temas limítrofes igualmente está activada.
Hay estimaciones de especialistas de que pudiera producirse un fallo en no más de un año, lo cual representa un gran reto para el próximo año 2024 de elecciones presidenciales. La verdad venezolana deberá imponerse ante las pretensiones del capital transnacional de la Exxon Móbil y demás empresas que están detrás (y adelante) en esta controversia «apoyando» (muy interesadamente) a Guyana.
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José David Capielo Valles es ingeniero agrónomo y magíster en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Campus Maracay. Nacido en Coro, estado Falcón, en 1949. Es docente jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Canoabo (2016). Es locutor, comunicador alternativo y colaborador de Ciudad Valencia desde 2014.
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